Conan Tonatiu Castro, secretario jurídico de la Presidencia, es el abogado de confianza del presidente Nayib Bukele desde que se metió al ruedo político como alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador, y es quien ha estado al frente de las cuestionadas decisiones jurídicas de Bukele.
Antes de los recientes decretos Ejecutivos para declarar Emergencia Nacional y regular la cuarentena obligatoria, cuya legalidad ha sido cuestionada porque usurpa atribuciones de la Asamblea Legislativa y por ello la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia los ha declarado inconstitucionales, Castro ya tenía otras obras jurídicas bajo la lupa.
Durante la gestión de Bukele como alcalde capitalino (2015-2018), Castro fungió como gerente legal de la comuna. Desde ese cargo, el abogado se encargó del andamiaje jurídico del contrato que Bukele firmó para la construcción de tres nuevos mercados en la capital por $91 millones con un solo ofertante: Direct Security Systems (DSS). Los mercados son Hula Hula, Ex Biblioteca y otro en colonia Escalón, cuyo proyecto retomó el actual alcalde Ernesto Muyshondt el año pasado.
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De hecho, el diputado Ricardo Velásquez Parker pidió ayer al alcalde ser coherente con los cuestionamientos que hizo en octubre de 2018 a la administración municipal de Bukele por los “negocios” de los mercados en la capital y por dejar endeudada a la comuna.
El contrato para los tres mercados que estuvo bajo la dirección de Castro ha sido cuestionado porque incumplió la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, pues el proyecto arrancó utilizando dicha normativa, pero Bukele culminó firmando un contrato con una empresa guatemalteca fuera de los alcances de la LACAP, lo cual es violatorio de los artículos 42, 43 y 44 de esa normativa, según explicaron abogados expertos en administración pública.
En aquel momento, la comuna creó una Sociedad de Economía Mixta (SEM) basada en la Ley de Sociedades por Acciones de Economía Mixta de 1957, debiéndose haber amparado en la ley creada para esos fines que era la Ley de Asocios Público Privado (creada en junio de 2013), lo que obligaba a la alcaldía a enviar el proyecto de los nuevos mercados a la Asamblea Legislativa para su aprobación, pero no lo hizo así.
La comuna formó una sociedad con la empresa Direct Security Systems (DSS) y en el contrato se estableció que ambas partes debían tener directores y vocales como representantes en dicha SEM para tomar decisiones sobre los proyectos, ganancias y modificaciones. Entre los representantes de la alcaldía en esa empresa mixta estuvo Conan Castro, quien fue designado como segundo vocal en la directiva que formaron.
La alcaldía junto a DSS forman la sociedad Nuevo Sistema de Mercados, S.E.M. de C.V., con la que firman los contratos para la construcción de los tres mercados que, inicialmente costarían $91 millones, pero Muyshondt ha dicho que costarán $55 millones.
Luego DSS cambió de manos y pasó a llamarse Makensa, pero El Diario de Hoy no obtuvo el documento que certifique ese traspaso de acciones. Sin embargo, fuentes de la alcaldía que conocieron el proceso durante la gestión de Bukele afirmaron a este periódico que la empresa guatemalteca no pudo capitalizar su compromiso y fue absorbida por su casa matriz, transfiriendo el contrato de la empresa autorizada por la comuna a esta nueva sociedad, todo esto sin la presentación de documentación requerida por ley. En todo este proceso Conan Castro se mantuvo silente.
El representante legal de Makensa es Enrique Sánchez Henríquez, de nacionalidad mexicana, quien reside en Guatemala y estuvo presente el 22 de julio de 2019 en la colocación de la primera piedra del Mercado Hula Hula, en calidad de presidente de Simerca (Sistema de Mercados de Centroamérica), la cual es parte del Grupo Makensa.
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En ese acto en el Hula Hula también estuvo Conan Castro ya como secretario jurídico de la Presidencia y admitió que fue invitado porque formó parte de la Junta Directiva de Simerca, la empresa que construirá los tres mercados.
Un equipo de El Diario de Hoy que cubrió la puesta de la primera piedra le preguntó a Castro en calidad de qué estaba en ese evento y contestó que en calidad de directivo de Simerca, dejando fraguado el conflicto de interés, el cual riñe con su profesión legal, por haber hecho el contrato en nombre de la alcaldía y en ese momento presentarse como directivo en nombre de la empresa favorecida con el millonario contrato.
Los contratos resultantes del proceso para el proyecto de mercados fueron aprobados en el concejo el 31 de enero de 2017 por ocho votos, de 14 posibles, cuando la Ley de Mercados en su artículo 4 establece que debían tener los votos de las dos terceras partes del concejo, que en ese caso eran 10 votos necesarios, por lo tanto esa aprobación es “nula”, afirmó en su momento a El Diario de Hoy Fabio Castillo, abogado constitucionalista y exconcejal del FMLN en la gestión de Bukele.
Como responsable de los contratos para el proyecto de los mercados, Conan Castro defendió en julio pasado que no era necesaria la aprobación de las dos terceras partes del concejo porque no se trataba de mercados sino de plazas comerciales y por lo tanto no está regulado en la Ley de Mercados. Pero esto habría violado el propósito original de la licitación que era, según el texto legal, modernizar los mercados de San Salvador.
De hecho, en el proceso fueron haciendo cambios a los documentos del proyecto de mercados, ya que en un primer momento los denominaban como mercados y luego modificaron el término a “Centros Comerciales Municipales”.
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En un principio el plan incluía el Mercado Central, San Vicente de Paúl y Escalón, pero un año después, en enero de 2017, Bukele solicitó al concejo municipal aprobar los contratos para la construcción de los mercados Hula Hula, Ex Biblioteca y Escalón. La modificación en sí es una violación de ley, según abogados consultados, y todo fue avalado por Castro, quien ahora es la autoridad jurídica de la Presidencia de la República.
Otro punto medular que abogados han cuestionado de este proyecto es la creación de la Sociedad de Economía Mixta que firmó Bukele con DSS en 2016 porque dejó en desventaja a la alcaldía, ya que se estableció que la empresa tendría el 75% de participación y la comuna solo el 25%, dando en garantía por $100,000 el usufructo por 30 años de un terreno en la colonia Escalón, valuado por una empresa contratada por la misma alcaldía en $1.9 millones en aquel momento.
Ahora el sello jurídico de Castro está en los decretos presidenciales.