Stacy Aragón es parte de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano, ASPIDH Arcoiris Trans, y desde hace cuatro años se dedica a la promoción de los derechos humanos de la población transgénero.
Este día durante la conmemoración el 17 de mayo, Día Internacional de la lucha contra la Homofobia y la Transfobia, no cesó su trabajo, mientras marcha gritando algunas consignas.
Aragón detiene su acción activista para platicar con sus compañeras, les pide ayuda para llenar una encuesta con la que su ONG espera poder actualizar la base de datos sobre el porcentaje de población trans en El Salvador, ella lleva varios días en este trabajo.
VER: “Es un retroceso enorme la decisión que han tomado los diputados”, dice población LGBTI
En El Salvador según datos de ASPIDH, las mujeres trans tienen una esperanza de vida 30 años; la violencia, la falta de salud especializada y la discriminación son las principales amenazas a las que se enfrentan. Stacy tiene 38 años y ella comenta cómo la falta de una ley de identidad le ha afectado desde su niñez.
“En bachillerato me quisieron expulsar porque decían que era un mal ejemplo”, comenta Aragón. Uno de los atropellos a sus derechos que más recuerda fue cuando estudiaba bachillerato en el Instituto Nacional Francisco Menéndez (Inframen), del cual creyó haber aprobado todos sus exámenes para graduarse en 2007; sin embargo, cuando quiso retirar su título le dijeron que no lo tenían. "Yo busqué ayuda para que no me expulsaran de la institución porque yo sentía ese deseo y era un derecho estudiar”, expresó.
Para Stacy, la educación es un derecho que el Estado le ha negado por su expresión de género; sin embargo, en su organización ASPIDH ha encontrado un espacio para aprender sobre derechos humanos y otros temas, actualmente continúa desafiando al sistema educativo del país siendo educadora sobre los derechos humanos de la diversidad a nivel nacional desde hace cuatro años.
“Mi mayor dificultad han sido en las escuelas, los profesores se cierran cuando uno es mujer trans y piensan que si se imparte un taller sobre derechos humanos uno va a hablar de sexo”, pero en las aulas hay jóvenes que urgen de esta información, dijo.
“Poder capacitarme, aprender y no dejar de estudiar ha sido algo bien importante en mi vida, me ha vuelto una persona que lleva un mensaje de cambio a mis compañeras y compañeros de la población” agregó.
El pasado viernes 14 de mayo, los diputados decidieron archivar la propuesta de Ley de Identidad de Género, que tenía un proceso de discusión desde hace varios años y que cuenta con 22 artículos.
La propuesta de ley establece en el artículo 6 que “la presente ley se aplicará a favor de las personas transgénero y transexuales que siendo salvadoreños se encuentran en situación que su sexo asignado al nacer no concuerde con el sexo y género autosentido. El cambio registral de nombre, sexo y género a que se refiere el artículo anterior solo podrá ser ejercido por personas mayores de dieciocho años”.
Esto con el objetivo que los integrantes de esta población puedan hacer uso de sus derechos ciudadanos de salud, educación, trabajo, entre otros, sin discriminación por su expresión de género.
Sin embargo esta acción ejecutada desde la Asamblea Legislativa no es la primera que violenta los procesos de derechos humanos de este sector de la población.
La desarticulación de la Secretaría de Inclusión Social, a los pocos días de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele en 2019, provocó que el tema de la diversidad de género se pasara al ministerio de Cultura. “Aunque ellos digan que no pero la oficina de género sí ha desaparecido” dijo Stacy, pues afirma que hasta la fecha no han observado un trabajo constante por la aplicación de los derechos de la diversidad.
Aragón comenta que las mesas de diálogo con el ministerio de trabajo, educación, salud y justicia y seguridad que trabajaban para establecer normas y reformas para la inclusión y sensibilización se han paralizado desde la instalación del nuevo gobierno, que ya lleva casi 2 años; y que a pesar que los acercamientos están reactivándose, no hay un interés de las carteras de Estado para aplicar los derechos de la diversidad.
“Es un retroceso, es un bloqueo a las organizaciones que exigen los derechos para las poblaciones que representan” dijo Stacy.