Las mujeres trans siguen sufriendo vulneración de sus derechos fundamentales, aseguraron activistas salvadoreñas y latinoamericanas durante la semana Transfeminista en conmemoración del Día de la Mujer.
Britany Castillo, representante Asociación Aspidh Arcoiris Trans, explicó en la entrevista de YSUCA que en el país, ese sector vive en extrema pobreza y entornos de marginación que les dificulta terminar la escuela básica y tener un empleo formal. Esto debido al proceso de transición y auto identificación que usualmente inicia a temprana edad.
Por su parte, la argentina Marcela Romero, de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Trans, asegura que El Salvador, Guatemala y Honduras son los países de Latinoamérica donde las mujeres en general sufren más violencia.
Romero lamentó que mientras las organizaciones que velan por los derechos de la mujeres trans realizan diferentes actividades en conmemoración del Día de la mujer, la familia de Alexa Landaverde, una chica trans de Quezaltepeque, recibió la confirmación del asesinato de la joven.
Alexa Landaverde fue reportada como desaparecida el 10 de diciembre después que saliera con su pareja sentimental y ya no volviera a casa.
Pasado un mes, la policía capturó a José Elías Morales Hernández, pareja de la joven, como único sospechoso de su desaparición.
La captura se dio dos días después que las autoridades localizaron las osamentas de Alexa dentro de un pozo seco en un predio baldío en el cantón Zapotitán, en Ciudad Arce.
Es por eso que la activista argentina considera que los estados deben trabajar para generar condiciones para que las personas trans puedan salir de la marginalidad, exclusión y la violencia, a través de la legislación de identidad.
“La ley de identidad de género es una urgencia humanitaria que se tiene en toda Latinoamérica, porque una persona que no tiene identidad no existe” afirma Romero.
La representante de Arcoiris Trans dice que la resolución de la Sala de lo Constitucional, que ordena a la Asamblea Legislativa legislar sobre Ley del Nombre de la Persona Natural, les da esperanza.
Organizaciones civiles esperan que con ello el estado pueda saldar la deuda histórica con la población trans, que les permita tener un documento de identidad acorde al género.
La sala de lo Constitucional le dio el plazo de un año a los diputados para emitir la reforma respectiva a la ley.
El tribunal consideró que “la falta de regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado”.
En ese sentido, declaró la inconstitucionalidad, de modo general y obligatorio, del inciso segundo del artículo 23 de la mencionada ley.
“Es momento que la Asamblea Legislativa pueda abrir un espacio de discusión y legisle con base a derechos humanos, no con la biblia en la mano” agrega Castillo.
La activista recuerda que, ese el resultado de años de lucha, desde que las organizaciones presentaron el primer anteproyecto de ley.
La decisión de la Sala es el resultado de una demanda presentada en 2016 por Rodríguez y Karla Avelar. Ellas solicitaron declarar la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 23 de la Ley del Nombre.
Moreno expuso que siempre existe el miedo político para el abordaje de estos temas. “He visto que los diputados tienen temor que este sea un tema de "´rebote ` en las elecciones o que les traiga un conflicto interno” lamenta.