Una crisis es la que se está dando en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) debido a las acciones de los comisionados Roxana Soriano, Ricardo Gómez y Javier Suárez, que han llegado a la entidad siendo afines al gobierno, según afirman fuentes del instituto.
Según empleados del IAIP, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, están pensando en renunciar o tomar otras acciones por las presiones que ejercen los mencionados comisionados. Una de ellas fue el bloqueo a estudios a entidades del gobierno, así como la interrupción de la presentación de un informe de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información por supuestas “revisiones” al documento el pasado miércoles.
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Estos empleados del IAIP comentan que han comenzado a tener fricciones con los comisionados, debido a las decisiones que toman por pretender querer blindar a las instituciones del gobierno y a que no se conozca información pública.
El 9 de diciembre, el IAIP iba a presentar el informe de “Resultados del proceso de evaluación extraordinario de transparencia activa y gestión documental”, que según una fuente que pidió no ser identificada, fue aprobado por el pleno desde el 27 de noviembre. Pero a última hora, el reporte no fue presentado “por estar en revisión”, anunció el instituto.
La misma fuente del IAIP afirma que los comisionados que llegaron estaban renuentes a que se realizara dicho estudio, ya que las entidades del Ejecutivo que fueron analizadas salieron con malas evaluaciones.
En dicha evaluación fueron tomadas en cuenta las entidades del gobierno que intervinieron durante la crisis por la pandemia de COVID-19, y municipalidades de cabeceras departamentales.
Cuestionados procesos de elección
Tanto el proceso de elección de los comisionados del IAIP como su llegada e intervenciones en el instituto han sido cuestionados por organizaciones de la sociedad civil debido a la falta de transparencia.
A esto se suma la vinculación de la comisionada Roxana Soriano con el partido Nuevas Ideas, donde participó como precandidata a diputada por el departamento de San Salvador.
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Soriano fue nombrada como comisionada propietaria por el presidente de la República, Nayib Bukele, el 30 de noviembre, de una terna presentada por asociaciones de profesionales. Acción Ciudadana mostró cómo Soriano tiene vínculos con el partido Nuevas Ideas, en el que participó como precandidata en las elecciones internas, algo incompatible con su nuevo cargo.
El pasado 9 de diciembre, el pleno de comisionados del IAIP aceptó la petición de recusar a la comisionada Soriano de la audiencia oral en el caso de apelación por la negación de información por la construcción del Hospital El Salvador, una recusación solicitada por una periodista de YSUCA a quien le fue negada la información.
Otra de las situaciones contra la comisionada Soriano es la demanda presentada el 8 de diciembre por la oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por su nombramiento, donde pidieron dictar una medida cautelar para suspender su elección por su vinculación partidaria con el partido oficial.
La elección del comisionado Ricardo Gómez, quien llegó en agosto al instituto y hoy lo preside, también fue cuestionada por haber sido elegido con falta de transparencia según organizaciones de sociedad civil, ya que su nombramiento no fue anunciado por un medio oficial del gobierno, sino que se dio a conocer por rumores.
A estas irregularidades que mencionan organismos sociales se sumó la elección del comisionado Javier Suárez como comisionado propietario, y a Gerardo Guerrero como suplente, por el gremio de periodistas, en septiembre.
Esta elección fue cuestionada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) por no representar al gremio. Suárez había sido gerente de operaciones y encargado de la unidad de género de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), mientras que Guerrero era jefe del Departamento Jurídico en la alcaldía de San Salvador cuando el ahora presidente Bukele era alcalde.
En ese momento la APES se pronunció en Twitter y dijo que “la elección de ambos comisionados fue incumpliendo lo establecido en la LAIP (Ley de Acceso a la Información Pública) y su reglamento. Como APES rechazamos este tipo de procedimientos que no abonan a la transparencia”.
Blindaje a instituciones de gobierno
Xenia Hernández, miembro de la junta directiva del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) opina que los últimos acontecimientos en el IAIP dan pie a crear sospechas de la poca transparencia con la que viene actuando el instituto, particularmente con la llegada de los últimos comisionados en apariencia afines al Ejecutivo.
“Si ya llegan a cambiar o a eliminar el proceso de evaluación o una metodología que desmejore y más bien favorezca a que salgan bien posicionadas las instituciones de gobierno, entonces va a ir quedando cada vez más claro que es una triada de nuevos comisionados propietarios en favor del gobierno”, dice Hernández.
Añade que el retraso en la presentación del informe es una alerta más del retroceso en el acceso a la información y que se está dando un blindaje para las instituciones del gobierno.
Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, señala que el IAIP se está debilitando, y cada vez más se aleja de ser el órgano garante del acceso a la información pública que debe velar por ser un ente de control.
“Lo que se está viendo es que, luego de los últimos procesos de elección de comisionados, procesos que han sido cuestionados en cuanto a falta de transparencia e irregularidades, se están viendo los frutos de un instituto sumamente débil en su labor de velar por el acceso a la información pública y de velar por su independencia”, dice Castro.