En el marco de una visita a Whashington, Estados Unidos, el fiscal general, Raúl Melara se reunió ayer con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quien habló sobre los esfuerzos que hace la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies),
la cual es respaldada por ese organismo regional.
“Recibí la visita del Fiscal General de #ElSalvador @FGR_SV @MelaraRaul”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter. Agregó que conversaron sobre la “cooperación técnica brindada por la @OEA_CICIES y los avances logrados en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, aunque esas investigaciones no han sido públicas.
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La visita de Melara a Washington ha sido sorpresiva y no fue anunciada oficialmente. De hecho fue el mismo Almagro el que reveló el viaje del funcionario salvadoreño.
La oficina de prensa d e Fiscalía informó que la visita de Melara incluían reuniones “estratégicas”, en el marco de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país. Sin embargo, no detalla el tipo de reuniones y ni con qué funcionarios se reuniría Melara en Washington.
Varias horas después de la publicación de Almagro, Fiscalía difundió un comunicado en el que consignan declaraciones de Melara. “No podemos tolerar la corrupción en ninguna de sus manifestaciones y seguir privando al país del desarrollo que merece cada uno de los salvadoreños”.
Enfatizó su compromiso contra la “corrupción y la impunidad en el país, en sus funciones como garante de la legalidad y persecución del delito”, señala la oficina de prensa de la Fiscalía en un comunicado, sin dar más detalles del viaje.
Las declaraciones y el viaje se dan en un contexto en el que varios funcionarios del gabinete de Nayib Bukele son señalados de estar involucrados en compras irregulares de insumos médicos hechas para el mismo gobierno durante el manejo de la pandemia. Para unos pueden ser indicios de corrupción; para otros acciones que van contra la ética.
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El viaje del Fiscal General también se da en medio de la controversia que se ha generado luego de que el gobierno de Bukele se negara a cumplir dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prohiben que se le niegue el ingreso a los salvadoreños al país, aún cuando no presente la prueba negativa PCR al COVID-19 porque es inconstitucional.
Desde el 17 de abril pasado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de la OEA ha desplegado a 30 profesionales multidisciplinarios para implementar un mecanismo de auditoria y seguimiento sobre el uso de fondos destinados para la emergencia nacional causada por la pandemia del COVID-19.
Los profesionales fueron contratados bajo los requisitos y estándares de la OEA.
Hasta el momento se desconoce el aporte realizado por la CICIES en las investigaciones que lleva la Fiscalía General sobre casos de corrupción y en especial las relacionadas al manejo de los fondos de la pandemia.
En noviembre del año pasado, el gobierno y la OEA suscribieron el acuerdo para la conformación, objetivos y competencias de la CICIES.