La Comisión especial de antejuicio al diputado de ARENA, Norman Quijano, acordó la tarde de este lunes emitir un dictamen favorable para que el pleno de la Asamblea Legislativa le quite el fuero constitucional y pueda enfrentar un proceso penal (como un ciudadano común) por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, porque habría hecho negociaciones con pandillas a cambio de apoyo electoral.
Los diputados de la comisión concluyeron que “existe formación a causa en el antejuicio” contra su colega por lo que pedirán que el dictamen favorable se conozca en la plenaria de esta semana.
El diputado de ARENA, Mauricio Vargas, explicó que él no dio su voto para que se emitiera el dictamen porque considera que no hay indicios de que Quijano cometiera delitos y “porque el principio de seguridad y el de responsabilidad no están plenamente probados”.
Agregó que el mismo fiscal especial de antejuicio y diputado del PDC, Jorge Mazariego, determinó en sus alegatos finales “que la prueba era débil e irresponsable”, por lo que el caso debía pasar a la Cámara Primera de lo Penal para que cada una de las partes defienda sus argumentos.
“Es una posición de conciencia, no comparto pero respeto. Lo que sí quiero decir es que ahí han abierto una caja de Pandora y van a salir muchas situaciones que se trataban de mantener en un nivel muy bajo, estamos hablando desde la tregua (de pandillas)… Estamos hablando desde la época de Antonio Saca… Yo nada más pido sano juicio, buen criterio, que el principio de seguridad y responsabilidad sean los que primen ante la Cámara, que es la autoridad a la que hay que someterse”, expresó Vargas.
En enero pasado, la Fiscalía General de la República presentó al Congreso una petición de antejuicio contra Quijano, a quien acusó de presuntamente haber ofrecido dinero y otros beneficios a pandilleros a cambio de que votaran por él en las elecciones presidenciales de 2014.
Como prueba contra el funcionario, la institución presentó un video en donde se le observa reunido con los delincuentes. Dicho encuentro, según la investigación, fue en la oficina de la Red Nacional de Pastores, en la colonia Flor Blanca, de San Salvador.
Este lunes por la mañana, en los alegatos finales, el fiscal y diputado Mazariego pidió a sus colegas emitir un dictamen favorable para que el Órgano Legislativo le quite la inmunidad a Quijano, ya que habría indicios de que pudo incurrir en actos ilícitos al haberse reunido con los pandilleros.
“Es probable que sí es cierto que (Quijano) estuvo en la reunión (con delincuentes); que sí es cierto que se estaba acordando con estas personas el seguimiento que siempre se ha dado en este país, lastimosamente, a la inducción al voto. En este país, en los últimos años, este tipo de jóvenes están trabajando con los gobiernos”, apuntó Mazariego.
Él también señaló las deficiencias del ministerio público en la investigación por haber presentado “mamotretos en donde la información es demasiado ambigua”.
“Para la Fiscalía: si es con esas pruebas que va (a un juzgado), tiene que prepararse un poquitito más, porque con esas pruebas no levanta el juicio. Ahí va a tener la oportunidad también el diputado Quijano de demostrar al pueblo salvadoreño la inocencia o culpabilidad”, advirtió el parlamentario.
Defensa: es construcción novelesca
El encuentro que tuvo Quijano con los pandilleros se conoció públicamente, el año pasado, por el relato de un testigo criteriado, con clave Noé, quien declaró en un juicio contra más de 400 integrantes de la Mara Salvatrucha.
Este lunes, en su intervención, los abogados de Quijano, Francisco Bertrand Galindo y Délmer Rodríguez, calificaron la acusación de la Fiscalía contra su cliente como “una construcción novelesca que no tiene una base de prueba”, ya que Noé “supo de oídas” los resultados del encuentro entre Quijano y los pandilleros.
La única prueba “directa y objetiva” que presentó el ente fiscal, según la defensa, fue el video de 28 minutos en el que se ve a Quijano con los pandilleros, pero aclaró que en la transcripción de la grabación no se revelan indicios de que se haya estado acordando una negociación ilícita o un fraude electoral.
Los abogados argumentaron que Quijano se reunió con los pastores evangélicos para presentarles su programa de Gobierno “Plan País” como parte de las actividades que hacía como candidato a la presidencia, según declaró ante la comisión de antejuicio el testigo de descargo, el pastor Nelson Valdez.
La defensa sostuvo que debido a que la Red Nacional de Pastores trabaja para “rescatar” a los jóvenes de los grupos delictivos, la entidad tenía interés en conocer el componente de seguridad pública del programa de Quijano, que incluía la parte de represión, prevención y rehabilitación.
Betrand Galindo y Rodríguez aseveraron que el ministerio público no pudo probar que en esa cita se cometió el delito de agrupaciones ilícitas, ni que se haya promovido la conformación y permanencia de las pandillas.
Tampoco que el aspirante a la presidencia les entregara dinero a los delincuentes ni que les ofreciera beneficios particulares.
“El discurso del candidato se centró en su oferta electoral y en base a esa oferta pedir el voto, perdón, eso no es delito”, esgrimió Bertrand Galindo ante la comisión.
Añadió que este caso no responde a “un caso de narco negocio, peculado, enriquecimiento y menos a un hecho de sangre (sino) a una acusación de percepción que ha sido elevada a percepción política”.
El abogado dejó entrever que si se llegaba a quitar el fuero a Quijano se cerraba la puerta para que pueda postularse un nuevo periodo legislativo a “un diputado de los más votados y de los más críticos”.
El PCN quería un dictamen parcial pero el reglamento determina que no se puede. El fraude electoral con arreglo económico lo cometió el Frente (FMLN), para ganar (la presidencia Salvador) Sánchez Cerén. Norman Quijano no ofreció dinero, ofreció programas de reinserción”, señaló Raúl Beltrán Bonilla.