Ciudadanos presentan demanda de inconstitucionalidad por decreto que restringe transporte público y movilidad de personas

Piden a la Sala de lo Constitucional que se ordene el acto reclamado, es decir, que se suspenda de inmediato las nuevas órdenes del Ejecutivo ante la emergencia del COVID-19.

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A falta de transporte público, salvadoreños caminaron kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo. Foto EDH/Jessica Orellana.

Por Óscar Iraheta

2020-05-07 1:13:14

Dos ciudadanos salvadoreños presentaron esta mañana un recurso de inconstitucionalidad, ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, para que declare ilegal el nuevo decreto 22 que ordenó el Ejecutivo ante la pandemia del COVID-19.

José Miguel Fortín Magaña y Héctor Menjívar presentaron el recurso ante el Máximo Tribunal de Justicia pidiendo que se acepte la demanda y que se ordene el acto reclamado, es decir, que los magistrados detengan las nuevas órdenes del decreto 22, el cual limita la movilidad y el transporte de los salvadoreños.

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Para los dos salvadoreños, el Decreto 22 es ilegal porque “se basa en una ley que va en contra de los más pobres”.

“Al no haber transporte y necesidades básicas, esta gente en 15 días se va morir de hambre. Al gobierno se le olvidó los enfermos crónicos. No sirve ese sistema de llamadas que anunció el gobierno”, dijo Fortín Magaña.

Tras el anuncio de la suspensión del servicio del transporte público como una medida para frenar el brote de COVID-19 en el país, dado sorpresivamente el 6 de mayo, usuarios caminaron por largo tiempo para poder abordar algún vehículo que los llevara a su destino

Para los profesionales se debe estudiar un poco más la ley y dar facilidades a los personas más pobres, de una forma que no les  afecte.“Hay mucho salvadoreños que no podemos estar así 15 días. Otros sí, pero la mayoría no puede.

Desde la perspectiva médica Bukele es un ignorante. El virus existe y ahí estará siempre. Estamos por acá por los más pobres”, expresó el doctor Fortín.

Ayer el miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador (IIDC), Enrique Anaya, expresó que el decreto 22 es“inconstitucional y nulo” porque excede las atribuciones avaladas por la Asamblea Legislativa.

Advirtió que “incurre en excesos de limitaciones a derechos constitucionales, que no están avaladas por el Decreto Legislativo 639”, dice la entidad que reúne a notables abogados constitucionalistas salvadoreños.

Dicho decreto llega al extremo de ordenar directamente el envío de una persona a un centro de contención solo por no andar mascarilla, algo que no tiene que ver con criterios sanitarios, explica miembro del IIDC.

“Una de las más graves violaciones constitucionales y legales del Decreto 22 es que autoriza, sin ninguna base legal, a que si una persona autorizada a circular no porta mascarilla (art. 2, inciso 4o), o si no lleva consigo su DUI (art. 7, inciso 1o), SERÁ REMITIDA A UN CENTRO DE CUARENTENA”, dice Anaya.