El director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, fueron designados esta mañana bajo la Ley Magnitsky de Estados Unidos por su participación en negociaciones con la Mara Salvatrucha para mantener bajos los homicidios.
Luna además formó parte del primer grupo de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que perdieron su visa estadounidense por actos de corrupción o por golpes a la democracia o afrentas a los derechos humanos. “El viceministro de Seguridad y director de Centros Penales se ha involucrado en corrupción significativa relacionada a contratos de gobierno y pago de sobornos en su oficina”, afirmó en su momento el gobierno de Estados Unidos.
Con esta designación de Luna y de Marroquín, el gobierno de Estados Unidos también confirma lo que se venía revelando en investigaciones periodísticas: que el gobierno de Nayib Bukele ha sostenido un proceso de negociación con al menos una de las pandillas más fuertes para mantener bajos los homicidios en el país.
Sin embargo, este no es el único señalamiento que el gobierno estadounidense hace para estos funcionarios. Aquí los 5 señalamientos hacia ellos:
1. Negociaciones con pandillas, incluyendo una designada como organización criminal transnacional por el Departamento del Tesoro
“Una investigación sobre funcionarios del gobierno de El Salvador y líderes de pandillas encarcelados, como la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), designada por el Tesoro, ha revelado negociaciones encubiertas entre funcionarios del gobierno y la organización criminal”, afirmó el Departamento del Tesoro este miércoles.
Según esta institución, ambos funcionarios “dirigieron, facilitaron y organizaron” reuniones secretaras con líderes de las pandillas en las cárceles. “Estas reuniones fueron parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas”, sostienen.
2. Beneficios económicos para líderes pandilleros, así como otro tipo de incentivos (prostitutas, etc.)
“En 2020, la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos”, reza el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense añade que “las pandillas también recibieron privilegios para el liderazgo de las pandillas encarcelados en las cárceles salvadoreñas, como la provisión de teléfonos móviles y prostitutas”.
3. Negociación de apoyo electoral para Nuevas Ideas en las elecciones de 2021
Según Washington, no solo se negoció la reducción de homicidios en estas conversaciones entre el gobierno y las pandillas. “En el transcurso de estas negociaciones con Luna y Marroquín, el liderazgo de las pandillas también acordó brindar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las próximas elecciones”, sostiene el comunicado.
En los comicios del 28 de febrero del presente año, el partido de Nayib Bukele logró la mayoría calificada al agenciarse 56 curules, además de la amplia mayoría de las alcaldías del país.
4. Apoyo de pandillas para mantener la cuarentena estricta en territorios que controla
El gobierno de Nayib Bukele ha negado las negociaciones con pandillas, al tiempo que afirma que su iniciativa de seguridad, el Plan Control Territorial, le está dando al Estado las riendas sobre partes del país que estaban bajo el mando de grupos criminales.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro sostiene una realidad diferente: que “en medio de la pandemia de COVID-19, Luna también negoció un acuerdo con los líderes de las pandillas de la MS-13 y Barrio 18 para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional del presidente Bukele en las áreas controladas por las pandillas”.
Esta cuarentena estricta fue blanco de sentencias judiciales que limitaron los abusos de poder del gobierno, pero también fueron condenadas por permitir violaciones a derechos fundamentales, así como establecer una práctica de detenciones arbitrarias de los presuntos infractores.
5. Esquema de corrupción de los paquetes de ayuda que Osiris Luna y su madre vendieron
Finalmente, el Departamento del Tesoro sostiene que “Luna participó en un plan para robar y revender productos básicos comprados por el gobierno que originalmente estaban destinados al alivio de la pandemia de COVID-19”.
Según sostiene la institución estadounidense, estos bienes, que la Fiscalía valoró en más de un millón de dólares, “se transfirieron a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al gobierno”.
En este apartado, vinculan a la madre del funcionario, Alma Yanira Meza Olivares, a quien señalan de actuar como negociadora de algunas transacciones. Además, ella y su hijo “desarrollaron un plan para malversar millones de dólares del sistema de comisaría penitenciaria de El Salvador. También crearon puestos de trabajo fraudulentos dentro del sistema penitenciario, en los que supuestos “empleados” recibirían cheques de pago mensuales y devolverían la mayor parte de las ganancias a Luna y Meza”, afirma EE. UU.