En un informe enviado por 172 alcaldes a la comisión de Salud de la Asamblea, se desprende que las muertes por COVID-19 que registran son mucho más de las que reporta el Gobierno. Eso sin contar que falta el dato de 90 municipalidades.
En el informe se destaca que en 172 municipios han enterrado a un total de 4,955 personas, de las cuales 1,205 han sido sepultadas con reporte médico confirmado de haber fallecido por COVID-19. Sin embargo, el gobierno hasta ayer reportaba 899 fallecidos por esa enfermedad.
San Salvador, La Libertad, Sonsonate y La Unión, son los departamentos con mayor incidencia de la enfermedad.
En julio pasado, El Diario de Hoy reportaba que existe un subregistro de muertes por la pandemia, algo reconocido también por el ministro de Salud, Francisco Alabí. San Salvador, Soyapango, San Miguel, Santa Ana, Ilopango, San Marcos y Santa Tecla reportaban 421 muertes sospechosas por COVID-19.
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En el consolidado que los 172 alcaldes remitieron a la Asamblea, se detalla que 2,667 casos son defunciones de personas que murieron por sospechas de tener la enfermedad, 1,083 son ciudadanos que murieron por neumonía atípica y en cementerios privados fueron enterradas 508 personas con tres de los diagnósticos mencionados en esta nota.
Entre los departamentos que reflejan las tasas más altas de muertes por COVID-19 están San Salvador, con 555 casos confirmados; 1,432 de personas que murieron por sospecha del virus; y 117 por neumonía atípica. Le sigue La Libertad con 112 fallecidos por COVID-19 confirmados; 439 por sospecha; y 185 por neumonía atípica.
Sonsonate ocupa el tercer lugar en prevalencia de la enfermedad, con 106 muertes por la misma; 171 por sospecha; y 46 por neumonía atípica y luego se ubica La Unión con 103 fallecidos por COVID-19; mientras que otros 94 murieron sin tener un diagnóstico de la enfermedad; y 103 por neumonía atípica.
Mientras que en Ahuachapán y Santa Ana también hay disparidad entre las cifras “oficiales” y lo reportado por los ediles.
Expertos en epidemiología, infectología, salud pública y estadísticas explicaron el pasado lunes a los diputados de la comisión especial que analiza el manejo de la pandemia por parte del Gobierno que las cifras de contagios fueron centralizadas por el Ejecutivo y que los datos no son “confiables”.
“Para nosotros los datos que provienen del sistema oficial no son transparentes y son altamente sospechosos de haber sido manipulados en todo momento desde su inicio”, expresó el infectólogo Jorge Panameño a los parlamentarios.
José Adán Montes, máster en Salud Pública y exconsultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reforzó lo dicho por Panameño en torno a las cifras que el Ejecutivo revela en su plataforma digital de COVID-19.
“Esos datos no tienen consistencia, hay que ir a la base de datos, hay que ir a las fuentes primarias, eso es un principio cuando se trabaja en salud pública y epidemiología. Esas gráficas no corresponden a datos correctos, están fuera del rango”, sopesó.
El Director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo Joao, reveló que las incongruencias de la tasa de letalidad y contagios ha sido una constante durante toda la pandemia y tildó de desacierto del Gobierno “el manejo político y centralizado de la crisis”.
Esto en referencia a que la información relativa al COVID-19 fue declarada en reserva por el gobierno durante dos años, algo que también fue criticado por la diputada Rina Araujo, del FMLN.
“No se puede manejar una crisis bajo la única medida del olfato del presidente (Nayib Bukele), habiendo academia”, refutó Picardo.
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Señaló deficiencias en los datos que ofrece el Ministerio de Salud por medio de su página web, la cual a su juicio puede esta bien en formato, mas no en contenido.
Admitió que el descenso en los casos de COVID-19 es real, porque como científicos consultaron al servicio de medicina privada y alcaldes, quienes confirmaron la baja de casos, pero tiene dudas sobre el nivel de desaceleración de los mismos.
“Si criticamos la falta de aleatoriedad del descenso, si ven la curva verán lo que se conoce como diente de sierra, como sube y baja. En el caso de El Salvador, cayó en picada, no era estadísticamente aceptable, pasó algo, yo siempre creí que había una desconexión entre los datos recopilados en campo y la persona que maneja los datos”, dijo Picardo.
Con el anuncio del ministro de Salud, de un posible rebrote de la enfermedad, los expertos tienen dudas, pues hablan de que el país aún no ha salido de la primera ola de contagios, por lo que recomiendan mayor transparencia para enfrentar con acierto una nueva temporada del COVID-19. Eso sí, no ven viable un segundo confinamiento estricto.
De allí la importancia de contar con datos certeros, agregó Picardo, porque eso les ayuda como académicos a entender cómo funcionó la dinámica de los contagios y recomendar medidas que sí funcionen.
Lo anterior cobra relevancia al considerar que Alabí informó ayer en rueda de prensa que El Salvador se enfrenta a una nueva ola de contagios. Según el funcionario, se debe a que las personas han comenzado a relajarse y en la zona metropolitana, por ejemplo, se han incrementado las aglomeraciones en espacios públicos, estadios y parques.
También hizo una advertencia sobre el incremento de actividades deportivas en algunas canchas y estadios de fútbol, para lo que instó a que se verifique el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
“Al identificar que las medidas sanitarias no se cumplen, el Ministerio de Salud va a tomar cartas en el asunto”, acotó Alabí.
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