La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas de protección legal en favor del periódico digital El Faro y sus periodistas frente a las amenazas, hostigamientos, intimidaciones, así como de criminalización y estigmatización por parte del gobierno de Nayib Bukele.
La CIDH, uno de los órganos principales de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la promoción y defensa de los derechos humanos, ha ordenado las medidas cautelares al Estado de El Salvador considerando la “gravedad, urgencia e irreparabilidad” de los hechos, que van desde amenazas, discriminación, desacreditación a través de medios estatales y otras hostilidades.
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Ante esto, le exige al gobierno de Nayib Bukele que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de 34 personas que forman parte de El Faro, así como para que “puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.
El gobierno debe presentar un informe sobre sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelares y así evitar que vuelvan a suceder.
Para esto le da un plazo de 15 días y la obligación de entregar informes al respecto periódicamente.
La CIDH aclaró que estas disposiciones no constituyen un prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
Las medidas cautelares obligan al Estado a proteger la vida e integridad ante cualquier atentado. Ello implica no solo protegerlos frente a cualquier ataque o atentado, sino abstenerse de llevar a cabo cualquier acción proveniente del aparato del Estado que pudiera poner en grave riesgo su vida e integridad.
También implican la obligación de abstenerse de parte del aparato del Estado y de sus funcionarios de realizar cualquier acto de intimidación, amenaza u obstrucción de la labor periodística e investigativa.
Implican que el Estado, a través de las instancias competentes para investigar y juzgar, y no a través de otro órgano de Estado, como el Ejecutivo, debe investigar de manera imparcial y exhaustiva, identificar a los responsables materiales e intelectuales y juzgar a los presuntos responsables.
Además, significa que se deben tomar medidas efectivas para que no se repitan los hechos denunciados. La sanción a los responsables materiales e intelectuales y la publicación de la verdad, es precisamente una de esas medidas de no repetición que deben adoptarse, entre otras, garantizándose con ello la erradicación de la impunidad de este tipo de hechos que afectan no solo al periódico digital, sino a todo el gremio periodístico independiente del país.
Las medidas cautelares adoptadas no representan un fallo definitivo del caso, sino medidas urgentes que deben tomarse por el Estado a fin de evitar que se produzcan daños graves e irreparables en las personas favorecidas con las medidas.
La comisión interamericana (CIDH) es el órgano principal de la OEA encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos en todo el Continente americano. Conoce y verifica las violaciones de derechos humanos sucedidas en todos los países del continente. Recibe denuncias de las victimas y de las organizaciones de la sociedad civil, y determina la responsabilidad de los Estados por dichas violaciones. La Comisión es la única instancia que puede someter los casos de violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana de DH, que es el tribunal interamericano de la OEA que juzga y condena a los Estados por violaciones a los derechos humanos.