La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, expresó este miércoles que se siente decepcionada de lo que está ocurriendo en El Salvador en materia de Derechos Humanos.
Esto, en una audiencia pública (virtual) convocada por la CIDH con el fin de conocer la situación del país y abrir el diálogo entre organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado. Sin embargo, no hubo participación de este último.
Luego de que representantes de organizaciones de la Sociedad Civil presentaron sus posturas al respecto, la comisionada Macaulay agradeció por la información aunque la calificó de “no esperanzadora”.
“Para ser honesta cuando escucho la información que dieron sobre las medidas y acciones que se están tomando por parte de las autoridades del Estado, uno se siente incapacitado”, dijo.
Estas medidas incluyen golpes a la independencia judicial, acoso de críticos y un desmantelamiento de instituciones democráticas o de control, entre otros.
Además, señaló que las autoridades salvadoreñas actúan con plena conciencia de sus actos. “Estoy segura que conocen bien los estándares internacionales y por lo tanto uno llega a la conclusión que haciendo lo que están haciendo de manera intencional, saben muy bien lo que están haciendo”, indicó.
“Como relatora de El Salvador me siento decepcionada y espero que podamos asistirlos de alguna manera para que puedan trabajar con todos los efectos que mencionaron”, manifestó a las instituciones que expusieron la debacle democrática del país.
Participación de la sociedad civil
Representantes de la sociedad civil expusieron sobre la institucionalidad democrática, independencia judicial, acceso a la información y libertad de prensa.
Zayra Navas, de Cristosal, explicó las vulneraciones al Estado de Derecho, el golpe a la Constitución del 1 de mayo, la falta de independencia en el Órgano Judicial y la Fiscalía.
“Se ha roto el sistema de contrapesos”, señaló Navas, quien solicitó a la CIDH un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.
Daniel Olmedo, de la ANEP, afirmó que existe una violación a la independencia judicial y que la única solución para reparar esto es que vuelvan a sus cargos los legítimos magistrados removidos ilegalmente y por la fuerza el 1 de mayo.
“Que el órgano legislativo destituya un juez por el sentido de sus sentencias que emite y hacerlo sin otorgarle ninguna oportunidad para defenderse es una clara violación a la independencia judicial y el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, criticó.
Olmedo también explicó que la violación a la independencia judicial es una realidad que enfrenta El Salvador y se mantendrá mientras la Sala de lo Constitucional la ocupen personas impuestas de manera ilegitima e inconstitucional.
“El Gobierno, lejos de retroceder, ha ido ampliado su control en el poder judicial, nada menos esta madrugada (ayer) la Asamblea aprovechó para ratificar como magistrado de la CSJ a quien el 1 de mayo fue nombrado de manera ilegitima como magistrado de la Sala de lo Constitucional, cuando este no aparecía en esa lista de 30 candidatos”, señaló Olmedo y advirtió que “cada día que pasa el Estado consolida el golpe del pasado 1 de mayo”.
Alejandra Burgos, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, indicó que “hay un ambiente hostil para la defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y la libertad de prensa”. Por ello pidió un informe de país a la CIDH donde se recomiende al Estado abstenerse de criminalizar la defensa de los DD.HH. y la libertad de prensa.
Por su parte, Wilson Sandoval de Funde manifestó que en el país se ha advertido situaciones que provocan un efecto desaliento en el ejercicio legítimo al derecho de acceso a la información pública, y lamentó la toma de instituciones de control y la política de opacidad y falta de transparencia.
“No son hechos aislados o accidentales sino acciones u omisiones deliberadas por varios funcionarios públicos: presidente de la República, comisionados del IAIP, diputados de la Asamblea Legislativa entre otros”, dijo Sandoval.