CIDH condena excesos de fuerza y abusos de poder en el combate al crimen en El Salvador

La Comisión de Derechos Humanos le hace un llamado al gobierno a respetar los derechos humanos de los reos y a realizar medidas flexibles ante la situación de emergencia.

Por Óscar Iraheta

Abr 30, 2020- 12:50

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que la política empleada por el gobierno de Nayib Bukele, para combatir la criminalidad que se planificaría desde el interior de los centros penales, “resulta en graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

En este sentido, la CIDH condenó las “medidas de manera pública y reiteradas”, así como lo han denunciado congresistas de Estados Unidos, que lo han instado a “no utilizar el COVID_19 como un pretexto para socavar la Constitución”.

También el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó la decisión de Bukele de ordenar a la Policía y Ejército que ejerzan “fuerza letal” como medida contra el incremento de los homicidios como darle “carta blanca” para matar y es algo que contradice los estándares internacionales.

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La CIDH afirma que la situación en las prisiones no es nueva, ya que desde su última visita entre el 2 y 4 de diciembre de 2019, mostró una “especial preocupación, considerando que resultan en graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud, suspensión del régimen de visitas, y obstáculos para garantizar un debido proceso”. La visita se realizó en momentos que el gobierno implementó las medidas extraordinarias, como parte de su estrategia para detener los homicidios pues acusan a los pandilleros presos de ser quienes ordenan a quien se extorsiona y a quien se asesina en El Salvador.

La institución hace un “llamado urgente al Estado de El Salvador a adoptar medidas que garanticen la vida, salud, integridad y dignidad de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellas detenidas en los centros penitenciarios donde se han implementado las medidas que responden a la emergencia máxima recientemente ordenada por el presidente salvadoreño”

“La CIDH advierte que el personal de custodia mantiene a las personas en ropa interior y sin zapatos, así como amontonadas las unas con las otras. Además, dichas personas serían sujetas a requisas invasivas por parte del personal carcelario. Si bien la Comisión toma nota que el Estado salvadoreño rechaza la calificación de estos tratos como inhumanos y degradantes, de conformidad con los estándares internacionales en la materia, dichos videos dan cuenta de actos contrarios a la dignidad humana”, aclara la CIDH en un comunicado.

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La CIDH también se refirió a la decisión del gobierno en encarcelar a los pandilleros de diferentes maras en una sola celda, lo cual, considera que puede derivar en enfrentamientos o motines que resultarían en que personas detenidas pierdan su vida o resulten heridas. Hasta ahora las maras MS y 18 eran separadas por centro penitenciario para evitar grescas o asesinatos.

“De igual forma, y a pesar de las medidas sanitarias y de emergencia nacional adoptadas para prevenir el avance del COVID-19, las condiciones de aislamiento y encierro de las personas sujetas a las medidas de; emergencia máxima representan un mayor riesgo respecto de su salud e integridad”, reza el comunicado.

El Gobierno de El Salvador no se ha pronunciado al respecto del cuestionamiento de la CIDH, pero Osiris Luna, director de Centros Penales le dijo a la cadena CNN que ellos solo tratan de contener el accionar delictivo de las maras que son las responsables de “provocar un baño de sangre”, al referirse a los 76 homicidios en solo cuatro días en la última semana.

La CIDH aclara que el “Estado salvadoreño tiene el deber ineludible de adoptar medidas concretas e inmediatas para garantizar los derechos a la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad. En este sentido, la CIDH recuerda que El Salvador debe garantizar condiciones de detención acordes con la dignidad de toda persona, proveer servicios de salud a la población penitenciaria, y aplicar el régimen de aislamiento de conformidad con estándares internacionales en la materia”.

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