Dar a conocer todos los componente del Plan Control Territorial e informar si hay investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y muertes ocurridas en centros de contención. Eso es parte de lo que le requirió al Estado salvadoreño la CIDH en una audiencia virtual llevada a cabo la tarde de este lunes y en la que participaron diversas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y el director jurídico del Ministerio de Seguridad, Élmer Castro.
Para los representantes del IDHUCA, Cristosal y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y otras organizaciones, el Estado salvadoreño ha puesto “énfasis en el enfoque represivo” de la seguridad, lo cual se evidencia en una mayor participación de la Fuerza Armanda en las tareas de seguridad pública.
VER: Los homicidios bajaron no solo en los municipios con Plan Control Territorial
El abogado del IDHUCA Manuel Escalante reconoció que en El Salvador “se han enshttps://www.elsalvador.com/noticias/nacional/elsalvador-desplazamientos-forzados-pandillas/750688/2020ayado distintas políticas de seguridad en las últimas tres décadas”, lo que devino en una baja en las cifras de homicidios a partir de 2016.
Recordó que desde el año pasado se implementa el Plan Control Territorial, del que se desconocen tres de sus siete componentes, y el “enfoque represivo” aplicado por las autoridades durante la pandemia.
Verónica Reyna, del SSPAS, añadió que actualmente hay 9,000 efectivos militares en tareas de seguridad pública y aseguró que “no hay datos de que su participación tenga que ver con la actual disminución de homicidios”.
A esto se añade, que el gobierno ha recurrido a las Fuerzas Armadas “por todo tipo de emergencias: climáticas, agrícolas, etc.”, en palabras de Reyna, “con el fin de posicionar a la FAES como un actor relevante en el país”.
Además, recordó la participación del ejército en los sucesos ocurridos fuera y dentro de la Asamblea Legislativa el 9F. Añadió que “la permanente presencia de la FAES en tareas de seguridad ha influenciado a la fuerza policial”.
Vanessa Martínez Aguilar, de Cristosal, aseguró “el gobierno le atribuye al Plan Control Territorial la reducción de homicidios y otros delitos… Pero el descenso se observa tanto en los municipios priorizados como en los no priorizados por el plan. Por lo que se deduce que la reducción no está relacionada con el plan”.
Además, de mayo de 2019 a marzo pasado, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) registró 1,560 denuncias, de las que la mitad fueron contra la PNC. Martínez Aguilar recordó que durante los primeros meses de la pandemia, más de 2,000 salvadoreños fueron detenidos por irrespetar la cuarentena y sin que mediara el resultado de una prueba, fueron enviados a centros de retención, lo que llevó a presentar números habeas corpus.
En el mismo marco, la PDDH registró 1,555 denuncias por violación a la libertad personal, malos tratos y tratos crueles, entre otros. Además, hubo dos posibles casos de ejecución extrajudicial, los que “el gobierno quiso minimizar… y relacionar a las víctimas con las pandillas”.
Como evidencia, las organizaciones de derechos humanos presentaron un video con el testimonio de un menor de edad que narró cómo él y su jefe fueron golpeados en el contexto de la cuarentena general.
Tras la participación de las ONG, llegó el turno del Estado, que fue representado por Elmer Castro, director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y Tania Camila Rosa, Directora General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.
Castro aseguró que el Ministerio de Seguridad ha acudido 11 veces a la Asamblea Legislativa y en ninguna de ellas se ha hablado sobre una “militarización de las seguridad pública”. Aseguró que se han destinado millones de dólares a fortalecer la PNC y que los policías reciben formación en Derechos Humanos. Insistió en decir que el Plan Control Territorial es la causa del descenso de homicidios y aseguró que la información difundida recientemente sobre presuntas negociaciones del gobierno con las pandillas “son infundadas”.
Al final de la audiencia, los comisionados de la CIDH pidieron hacer pública la información sobre los componentes del Plan Control Territorial e informar si hay investigaciones sobre el uso de fuerza excesiva de los cuerpos de seguridad en los centros de retención.
El representante del Ministerio de Seguridad, aseguró que estos centros dejaron de funcionar hace cuatro meses y que fueron un medio efectivo para frenar el avance de la pandemia: “Tenemos un sistema de salud precario y hasta este día no hemos tenido un colapso del sistema de salud”.
Los comisionados de la CIDH también pidieron información sobre la existencia de protocolos para el uso de la fuerza y mecanismos para la participación de la sociedad civil en investigaciones sobre el irrespeto a esos protocolos.
La comisionada Antonia Urrejola afirmó que “sería bueno saber porqué no se puede conocer completamente el Plan Control Territorial” y planteó varias preguntas: ¿cómo se elaboró la política de Derechos Humanos de la policía? ¿Pueden compartir este plan? ¿Participó la sociedad civil en la elaboración de esta política? ¿Reciben capacitación en Derechos Humanos los miembros de la Fuerza Armada? ¿Qué número de investigaciones han realizado sobre denuncias a violaciones de Derechos Humanos cometidos por fuerzas de seguridad en el contexto de la pandemia? ¿Qué resultado han tenido esas investigaciones? ¿Cuántas personas estuvieron en centros de retención? ¿Cuántas fallecieron en esos centros?
Castro intentó responderlas todas. Las que no logró responder, deberán ser enviadas a la CIDH por escrito.