Comisión Regional de Derechos Humanos condena bloqueo de archivos de El Mozote

El ente regional pide se investigue este desafío a la justicia. Un abogado local recuerda que Nayib Bukele mintió al ofrecer acceso a archivos militares.

El lunes 21 de septiembre, un grupo de militares impidió la ejecución de una orden judicial y que se empezara el proceso de inspección de los archivos militares que podrían esclarecer la masacre de El Mozote de 1981. Foto EDH / Jorge Reyes

Por Ricardo Avelar

Sep 22, 2020- 22:42

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), adscritas a la Organización de Estados Americanos (OEA), condenaron ayer el bloqueo que el Ministerio de Defensa hizo a la inspección de un juez a los archivos militares sobre la masacre de El Mozote, en 1981.

El lunes por la mañana, el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Juan Guzmán, intentó ingresar a la sede de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, pero se topó con un cerco militar que le impidió el acceso a él, sus colaboradores y los peritos de la Fiscalía General de la República.

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Los militares a cargo del cerco intentaron justificar que no tenían información de una inspección, a pesar de que en noviembre de 2019 se ordenó y notificó la misma. Asimismo, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, intentó acudir a la Corte Suprema de Justicia para impedir la inspección, pero su solicitud fue denegada.

El juez Guzmán anunció ayer que se reprogramará la inspección para el 5 de octubre y da cinco días al presidente Bukele para que informe si él avaló el bloqueo de información.

“Tal información será útil para determinar si la actuación del supuesto coronel Vanegas (director de Asuntos Jurídicos de Defensa) fue un acto de obstaculización a la diligencia judicial, con lo cual se certificaría a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de delitos”, resolvió ayer Guzmán.

Por este patrón de bloqueos, la CIDH y la RELE manifestaron su condena y recordaron “que El Salvador ha sido ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a adoptar medidas para garantizar el acceso a los archivos útiles a la investigación de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado con el fin de asegurar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad”.

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Al mismo tiempo, exhortaron a El Salvador a cumplir estas decisiones judiciales y garantizar “el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales”.

Por ello, llaman a abrir una investigación para deducir responsabilidades por “la negativa de cumplir la orden de acceso” a los archivos en cuestión, que podrían permitir esclarecer los hechos de 1981.

Este cerco militar no solo obstruye el acceso a la información sobre una de las masacres más sangrientas del conflicto armado. También constituye un desafío claro a una orden judicial, pues los militares impidieron el acceso del juez y ni siquiera quisieron firmar el acta que hacía constar la obstrucción.

A juicio de Arnau Baulenas, coordinador del equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), esto constituye un “grave retroceso democrático”, pues se muestra a “un militar negándose a cumplir una orden de un juez no debería suceder en 2020. El gobierno de Bukele demuestra que actúa igual que los anteriores gobiernos”.

Y es que esta administración es la séptima en mantener encubiertos los archivos militares, después de los cuatro gobiernos de ARENA y dos del FMLN que también los mantuvieron en secreto.

Esto se agrava cuando se considera que el presidente de la República, Nayib Bukele, prometió en noviembre de 2019 que abriría los archivos que puedan dar luz sobre los abusos durante la guerra.

El contraste es claro. Los archivos no están abiertos y múltiples voces dentro y fuera del país están empezando a advertir cómo se está incrementando el rol de la Fuerza Armada en formas que adversan a los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 1992.

“Si el juez nos pide abrir (los archivos) de la A a la F, nosotros vamos a la Z sin necesidad de orden judicial. Nosotros hemos estado por reivindicar los derechos de las víctimas”, dijo en su momento el presidente Nayib Bukele. Menos de un año después sus palabras chocan con la cruda imagen de la realidad: un Ministerio de Defensa con barricadas, alambre de púas, militares armados impidiendo la ejecución de una orden judicial e incluso reportes de que se estaba tomando fotografías a los periodistas que cubrieron la inspección.

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Por ello, Baulenas expresa cómo “nuevamente preocupa el poco respeto a la institucionalidad”. Esto, por el rol y el protagonismo que este gobierno está dando a la Fuerza Armada, el cual considera que “va en contra de la Constitución y preocupa que le esté dotando de un poder en contra del espíritu de los Acuerdos de Paz”.

Al firmarse la paz y el cierre del conflicto armado en enero de 1992, uno de los pilares de la nueva democracia salvadoreña era precisamente reafirmar el rol apolítico y no deliberante del estamento militar, lo que supone una subordinación completa al poder civil. Esto se recoge en el artículo 157 de la Constitución que establece al presidente de la República -un civil- como el comandante general de las Fuerzas Armadas. Esta subordinación también implica que no son inmunes a órdenes judiciales de estricto cumplimiento.

“Es impensable que en una democracia un solo militar plantado pueda incumplir una orden de un juez y no pase nada”, añade Baulenas y expresa que “ahí tiene una gran responsabilidad la Fiscalía. Al parecer el fiscal general (Raúl Melara) está más preocupado en otros temas que no son tan relevantes y que no son ni delito que en lo que realmente está afectando nuestra democracia”.

Patrón amplio de desobediencia

Este desafío no ocurre en un vacío. Nayib Bukele y su equipo no solo han desafiado la orden judicial con respecto a los archivos militares que podrían esclarecer la masacre de El Mozote. Además de este desplante, el Gobierno ha desoído otras órdenes de la Sala Constitucional.

En abril, este tribunal exigió al gobierno dejar de detener a quienes presuntamente violaban la cuarentena sin una ley que lo habilitara. El presidente no solo dijo que no obedecerían, sino que llamó “genocidas” a los magistrados. Más recientemente, el Ejecutivo desafió una orden de permitir el regreso de salvadoreños incluso sin prueba negativa de COVID-19.

Esto ha generado preocupación dentro y fuera del país, puesto que la independencia judicial y el asegurar que se cumplan las órdenes de los tribunales es uno de los pilares fundamentales de una democracia funcional.

Si el presidente o cualquier funcionario se resisten a cumplir órdenes judiciales se desdibuja el principio constitucional de igualdad ante la ley y de facto se constituye una casta intocable por la justicia. Algo muy parecido a lo que sucedía antes de y durante la guerra, ese pasado que el presidente afirma repudiar pero con sus acciones parece emular.

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