La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó por medio de su cuenta de Twitter que instalará en El Salvador una “Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los derechos humanos en el país”, ante la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, Raúl Melara, por parte del partido oficialista Nuevas Ideas en la Asamblea.
La CIDH insta al Estado de El Salvador a respetar la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la resolución de la Asamblea y garantizar la separación de poderes y el orden democrático.
Al tiempo que rechaza la decisión de la Asamblea Legislativa tomada el 1 de mayo en el desarrollo de su primera plenaria al destituir al pleno de magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General “sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de Derecho”.
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El partido Nuevas Ideas logró con 64 votos de sus aliados GANA, PCN y PDC expulsar a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional por considerar que se opusieron a las decisiones del Ejecutivo durante la pandemia. Según el oficialismo sus resoluciones pusieron en grave peligro la vida de los salvadoreños.
Y al fiscal general, Raúl Melara, al valorar que su nombramiento se dio a pesar de sus claras vinculaciones con un partido político, resumió en parte el decreto aprobado anoche.
Al respecto, la abogada Ruth Eleonora López Alfaro, solicitó anoche a la CIDH que se tomen medidas cautelares para “preservar la vida e integridad personal y estabilidad laboral de los magistrados, jueces y personal que integran el Órgano Judicial”.
Pidió que para ese objetivo la CIDH instale de inmediato una “Sala Situacional”, para dar seguimiento a la primera de las medidas y a la sujeción de los Órganos Ejecutivo y Legislativo a las decisiones de los órganos de control en general y en particular a las decisiones de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial.
Además, solicita que se adopten todas las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal y estabilidad laboral de los Magistrados, Jueces y personal del Órgano Judicial, inclusive de la Sala de lo Constitucional, y para garantizar que puedan llevar a cabo sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones; respetando la independencia del Órgano Judicial en su labor juzgadora como principio rector de un verdadero sistema de frenos y contrapesos que debe regir a toda democracia constitucional que tiene por finalidad al ser humano y debe siempre buscar la protección de los derechos humanos de sus habitantes.
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