La Fundación para el Debido Proceso hizo un análisis del papel que debe jugar la CICIES en El Salvador, en el marco del “Convenio de Cooperación Técnica y de Fortalecimiento Institucional para el Combate a la Corrupción y la Impunidad”, firmado entre la Fiscalía y el comisionado jefe de la CICIES para el país, Ronalth Ochaeta, en diciembre de 2019 y ha emitido recomendaciones a seguir para que la cooperación entre ambas entidades sea efectiva.
El año pasado cuando el Gobierno pactó el convenio con la CICES, el fiscal general, Raúl Melara, explicó que la cooperación de ese ente con la Fiscalía se traduciría en trasladar conocimientos para la investigación y lograr condenas, aporte con peritos financieros internacionales, forenses y analistas para modernizar a la Fiscalía.
Según la Fundación para el Debido Proceso, el objetivo de formalizar la cooperación técnica que brindará la Secretaria General de la OEA a la Fiscalía, por medio de la CICIES, a fin de fortalecer su capacidad institucional para prevenir, detectar, investigar, ejercer la acción penal, procesar y erradicar la corrupción e impunidad en El Salvador, con el apoyo de un mecanismo especializado de asistencia técnica, no debe remitirse únicamente a ser una cooperación sin mayor protagonismo.
Te puede interesar: La CICIES no podrá investigar en casos de corrupción
La organización hace cuatro acotaciones sobre la función que debe cumplir un mecanismo internacional de apoyo en la lucha contra la impunidad y su relación con la Fiscalía.
La Fundación menciona la necesidad de crear una unidad especializada al interior de la Fiscalía y la selección de sus fiscales anticorrupción; la denuncia y tramitación de las faltas disciplinarias o administrativas cometidas por el personal de la Fiscalía; el acceso amplio a la evidencia y a toda la información sobre investigaciones conexas; y la reserva y la existencia de impedimentos sobre funcionarios de la CICIES para declarar públicamente.
Según la Fundación para el Debido Proceso, la misión “que debe cumplir un ente internacional para combatir la impunidad y la corrupción en un país, no puede estar desvinculada de las razones por las cuales los órganos internos encargados de la investigación y la persecución de la corrupción y demás delitos graves -es decir, las fiscalías- no han tenido éxito en el cumplimiento de estos objetivos”.
Explica que el objetivo final de la CICIES debe ser el fortalecimiento de los órganos internos, especialmente de la Fiscalía, que es la encargada de la investigación y persecución criminal de las conductas antisociales más graves para la sociedad.
“En ese sentido, los términos que regulen la relación del ente internacional con la Fiscalía General son un aspecto clave para el éxito de esta iniciativa. Pero ¿cómo debería ser esta relación? Aun cuando puede adoptar diversas formas, no puede limitarse únicamente a proporcionar apoyo técnico en las investigaciones -es decir, a capacitarlos en cómo investigar de manera abstracta-, o en mostrarles los diversos caminos (o líneas de investigación) para investigar casos concretos. ¿Por qué esto no es suficiente? Porque incluso contando con capacidades adecuadas para investigar, pueden existir otros factores que inhiban a las/os fiscales y que detengan el avance de las investigaciones, algunos visibles y otros invisibles”, dice el informe.
Señala que es urgente crear una unidad especializada al interior de la Fiscalía y realizar una selección detallada de sus fiscales anticorrupción. “No es un secreto que la debilidad de los sistemas de justicia en Latinoamérica ha permitido que, pese a la existencia de reglas para los procesos de selección, el crimen organizado infiltre a personas en sus instituciones y es por eso que, para la eficacia de la lucha contra la corrupción y la impunidad resulta fundamental que el personal fiscal y operativo que estará a cargo de las investigaciones sea seleccionado bajo criterios estrictos que garanticen su independencia y objetividad”.
Explica que se debe implementar un mecanismo para la denuncia y tramitación de las faltas disciplinarias o administrativas cometidas por el personal de la Fiscalía. “Una de las principales herramientas para la depuración interna de las fiscalías y la expulsión de los malos elementos que obstaculizaron históricamente la lucha contra la corrupción y la impunidad, es la posibilidad de que el ente internacional denuncie ante el órgano interno de control, las faltas administrativas y disciplinarias cometidas por el personal de la Fiscalía”.
Añade que debe efectuarse el seguimiento correspondiente, ya que es frecuente que estas conductas sean detectadas en el marco de la investigación de los actos de corrupción, y aunque no configuran delitos, “sí revisten gravedad, pues no solo impiden que la institución se fortalezca, sino que explican la inercia, ineficiencia o complicidad de la institución frente a los casos socialmente más graves”.