La colaboración que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) ha prestado a la Fiscalía General de la República) para investigar posibles irregularidades en las compras que el gobierno de Nayib Bukele ha hecho para atender la pandemia por COVID-19, proyectan un “enorme potencial” para la lucha contra la corrupción.
Esa es una de las conclusiones a las que han llegado cinco organizaciones: Tracoda, Cristosal, Los Siempre Sospechosos de Todo, Líderes y Azul Originarios, y parten de la revelación del Fiscal General, Raúl Melara, de que los 22 allanamientos hechos la semana anterior en al menos siete oficinas estatales, entre ellos los ministerios de Salud, Hacienda y Ganadería, tienen en parte su base en las indagaciones previas de la Cicies.
Las investigaciones de Fiscalía apuntan a posibles actos de corrupción en las millonarias compras de insumos hechas por distintas dependencias del gobierno y a a empresas proveedoras.
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Hasta el momento, el gobierno de Bukele se ha negado a rendir cuentas o ha dado información incompleta autoridades e instituciones que constitucionalmente ejercen control sobre los gastos del Estado como la Asamblea Legislativa y la Corte de Cuentas.
Hasta antes de estas indagaciones, la Cicies “estaba pasiva y en silencio. Sin embargo, el anuncio del Fiscal General, Raúl Melara, sobre su colaboración en la investigación de corrupción en el uso de fondos de emergencia revela su enorme potencial para el combate de la corrupción”, dicen las oenegés.
Sin embargo, representantes de algunas de estas organizaciones, como Abraham Ábrego, de Cristosal, demandaron que el trabajo de la Cicies, que está respaldada y dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA), se fortaleza y sea transparente.
En ese contexto, las organizaciones recordaron que desde junio hay una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa a fin de establecer un convenio con Naciones Unidas para establecer una Cicies que siga el modelo Cicig de Guatemala, pues consideran que la actual comisión tiene limitaciones en su mandato actual en cuanto a autonomía e independencia, en transparencia y en facultades para constituirse en querellante en casos de corrupción.
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Cuestionaron el papel de la PNC
Las organizaciones también dieron su respaldo a la actuación de la Fiscalía para investigar la corrupción, pero por otro lado cuestionaron el papel de la Policía, de la que dijeron, que todo intento por obstaculizar la investigación penal la “desnaturaliza” de su rol constitucional, que es colaborar.
“Los hechos de esa semana en el marco de los allanamientos en las oficinas del Ministerio de Salud revelan una grave disfuncionalidad de estos roles”, expresan.
Al mismo tiempo instan a que los señalamientos hechos por funcionarios del gobierno sobre el proceder de la Fiscalía deben canalizarse por las vías legales “pero nunca utilizarse como justificación de interferencia de las investigaciones por parte de la PNC”.