La Embajada de la República Popular de China aseguró este lunes que "ha tomado nota de la actual situación política de El Salvador" tras la ilegítima destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República que aprobó el pasado 1 de mayo la nueva Asamblea Legislativa liderada por mayoría del oficialismo.
Sin embargo, China no condena estos hechos, como sí lo han hecho numerosas voces de la comunidad internacional, incluidos senadores estadounidenses, Naciones Unidas y la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris.
Con estas acciones el gobierno de Bukele decididamente se ha separado de los EE.UU. al violar principios democráticos fundamentales.
El "Bukelazo", lo ocurrido el pasado 1 de mayo en la Asamblea, ha encendido las alarmas tanto dentro como fuera del país sobre un golpe a la institucionalidad y a la democracia al considerar que no se ha respetado la independencia de poderes.
Sin embargo, la representación diplomática de la nación asiática en El Salvador hace referencia a la "no interferencia" en asuntos de los países.
"La salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la Carta de la ONU", se lee en parte del mensaje que publicó la embajada a través de su cuenta en Twitter.
Pero la situación que sucedió durante la primera sesión plenaria de la nueva legislatura con mayoría de diputados afines al presidente Nayib Bukele ha sido seguida de cerca por la comunidad internacional que ha condenado y rechazado la decisión de separar de sus cargos a los magistrados de la Corte y al Fiscal General sin aplicar el debido proceso.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió este lunes a El Salvador respeto a la Constitución y a la separación de poderes. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, el representante de la ONU dijo que está siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano y que "toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de Constitucional".
"El secretario general pide respeto a las provisiones constitucionales, al estado de derecho, a la división de poderes, con vistas a preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz", señaló Dujarric en su conferencia de prensa diaria.
La decisión de la Asamblea Legislativa, también, ha sido rechazada por la Organización de Estados Americanos (OEA), por Estados Unidos y por la Unión Europea, entre otros actores internacionales.
El domingo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó la "profunda preocupación" de su gobierno "por la democracia de El Salvador", tras la destitución de magistrados.
"Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte", escribió Harris en Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes el hecho acontecido en El Salvador el pasado 1 de mayo por parte del Parlamento, el cual señala que se dio sin "derecho de defensa y debido proceso".
El organismo indicó en un comunicado que la destitución, impulsada por el oficialismo, no cumplió con "las normas constitucionales que regulan el procedimiento y los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia".
"La CIDH insta a El Salvador a respetar al Estado Democrático de Derecho y anuncia que, en respuesta a estos graves hechos, decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para El Salvador con el objeto de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en el país", reza el documento.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele adelantó este lunes la posibilidad de continuar con la remoción de funcionarios, dos días después de que la Asamblea, dominada por sus aliados, destituyó a los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General.
"El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos", escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del parlamento.
El mandatario también pareció responder a las críticas internacionales sobre intentos de concentración de poder.
"Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista. Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH (Juan Orlando Hernández). Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo. Digo, por aquello del balance de fuerzas", manifestó Bukele.