El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador se declaró incompetente de continuar con el proceso conocido como Corruptela en contra de 30 imputados entre ellos, el ex fiscal general, Luis Martínez y los prófugos, Mauricio Funes y Enrique Rais.
A raíz de esa situación es que la audiencia preliminar que estaba programada para este día se suspendió.
El jefe de la oficina de prensa del centro judicial Isidro Menéndez, Jaime Ulises Marinero explicó que el referido juzgado argumentó la incompetencia en que la mayoría de los hechos delictivos por los que son investigados los procesados se habrían cometido en la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, donde se encuentra la sede principal de la Fiscalía General.
VEA: Funes y Rais dieron $1.7 millones a exfiscal para no ser investigados
El caso Corruptela comprende las investigaciones fiscales de una supuesta red de corrupción enquistada en el Ministerio Público en la gestión de Martínez y en el sistema judicial.
A los 30 imputados se les atribuyen delitos de corrupción en el sistema judicial, peculado (apropiarse de recursos del Estado), cohecho (soborno), negociaciones ilícitas, falsedad documental agravada y omisión a la investigación; entre otros.
Marinero dijo que el proceso pasará al juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, pero este tribunal deberá de decidir si es de su competencia o no.
En caso de que el Segundo de Instrucción de Santa Tecla también se declare incompetente, entonces será la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que podría decidir cuál de los dos juzgados deberá de continuar con el proceso, explicó Marinero.
La investigación fiscal determinó que en la Fiscalía General de la República, existió entre 2012 y 2015, una red de corrupción integrada por el exfiscal Martínez y otros miembros de la institución que recibían dádivas de funcionarios y exfuncionarios que tenían intereses en expedientes que se estaban investigando.
Señala el ente fiscal que Martínez habría recibido soborno por más de $1.7 millones a cambio omitir investigaciones, cerrar investigaciones y favorecer con no promover acciones judiciales contra Rais y Funes.
Éste último para que no lo investigaran por el supuesto pago ilegal de $108 millones a la empresa italiana Astaldi por la inconclusa construcción de la presa hidroeléctrica de El Chaparral, en San Luis La Reina, San Miguel. También para que no lo procesaran en el caso de la tregua entre pandillas.
“Se ha determinado que el exfiscal Martínez recibió dinero en efectivo y seis vehículos. Con la pericia se ha determinado que la cantidad total de dinero es de $1.7 millones y que recibió de los empresarios y otras personas particulares, así como parte del dinero que peculó (se apropió indebidamente) provenía de la institución”, dijo un fiscal en su oportunidad.
Martínez cumple una condena de cinco años de prisión por haber revelado escuchas telefónicas privadas del sacerdote Antonio Rodríguez, obtenidas por el Centro de Intervención de Telecomunicaciones de la Fiscalía en el marco de una investigación en contra del religioso.
Además tiene otro proceso judicial pendiente por omisión de la investigación en otro caso judicial donde está vinculado el prófugo Rais.