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Cámara de San Miguel benefició con libertad a implicados en homicidio de turista en San Alejo

Sólo estuvieron ocho días en prisión. A uno de los acusados le pusieron una fianza de $500. “En este país, es más caro atropellar a un chucho que participar en un homicidio”, dijo un vecino de San Alejo.

Por Jorge Beltrán Luna @Jbeltránluna_ | Ene 25, 2022- 20:30

Foto EDH/ Cortesía FGR

Ocho días después de que el Juzgado de Paz de El Carmen, departamento de La Unión, enviara a prisión preventiva a Élmer Leonel Bustillo Cruz y a Rosa Lilian Hernández Villalta, la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente ordenó que fueran puestos en libertad bajo fianza y otras medidas sustitutivas a la prisión preventiva, según consta en la resolución de la citada Cámara.

Estas dos personas están implicadas en el homicidio de Luis Enrique Barrera Ponce y en el intento de homicidio de otros dos hombres, delitos que fueron cometidos aproximadamente a las 7:00 de la noche del pasado 29 de diciembre en el cantón Bobadilla, de San Alejo, departamento de La Unión.

En el caso, como autor directo del homicidio contra Barrera Ponce, la oficina fiscal de La Unión acusó a Marvin Jeovani Bustillo Reyes, alias Carbunco, primo de Bustillo Castro. Ambos son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), según vecinos de San Alejo y fuentes policiales. Bustillo Reyes es prófugo de la justicia.

Entre las razones por las que la Cámara decidió ordenar la libertad de ambos procesados, está “la falta de fundamentación en la aplicación de la detención provisional” por parte de la jueza de Paz de El Carmen, y arbitrariedades cometidas por elementos policiales que participaron en las primeras investigaciones del homicidio agravado cometido contra Luis Enrique Barrera Ponce, y homicidio agravado en grado de tentativa contra dos personas más, entre éstas, un ciudadano norteamericano de origen salvadoreño.

También: “En este barrio mando yo; les doy 15 minutos para que se vayan…”

Luis Enrique Barrera Ponce, residía en Estados Unidos y fue asesinado en San Alejo, La Unión, el pasado 29 de diciembre. Foto: Cortesía

Pero la Cámara dice también en su resolución con la que favoreció a los dos imputados, que la jueza no tomó en cuenta que ambos tienen arraigo domiciliar. “Al analizar la juzgadora los arraigos presentados no realizó una valoración integral de éstos para considerar que puede vincularse al proceso no obstante estar procesado por un delito grave...” reza la resolución de la Cámara de San Miguel.

“Esta Cámara determina, que los imputados poseen arraigos suficientes, lo cual se establece con la documentación presentada, misma que también la Jueza de Paz de El Carmen, departamento de La Unión tuvo a la vista, sin embargo, para ella los arraigos no han sido acreditados; en ese sentido analiza esta Cámara que la Constitución permite y fomenta la vigencia del derecho de libertad física de una persona imputada, en la medida de lo posible, tomando en cuenta la presunción de inocencia, la existencia de arraigos elementales aun cuando el delito sea grave por la pena que prevé”, reza el documento judicial.

Hernández Villalta tiene residencia permanente en Estados Unidos y a San Alejo solo viene de visita; mientras está en El Salvador, vive en la casa de sus padres. Esto consta en el expediente judicial.

En el caso de Bustillo Cruz, la Cámara también accedió a la pretensión del abogado de los acusados, Roberto Carlos Villatoro Flores, en el sentido de que se le impusieran otras medidas a la detención provisional debido a que adolece de hipertensión arterial y que necesita hacerse dos hemodiálisis semanales por ser paciente renal.

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Fianza de $500 por intento de homicidio

Entre las medidas impuestas por la Cámara está que ambos debían rendir una fianza.

A Hernández Villalta, acusada del delito de encubrimiento (en el caso de homicidio agravado), le impuso una fianza de $3,000, en tanto que a Bustillo Cruz, acusado de homicidio agravado en grado de tentativa, solo le impuso fianza de $500.

De acuerdo con jueces y abogados consultados, es obvio que el delito por el que Bustillo Cruz está siendo procesado, es más grave que el de Hernández Villalta, por eso les sorprende que se le haya puesto un cantidad mucho menor.
Entre otras medidas impuestas a los dos procesados están que deben presentarse cada 15 días al Juzgado Primero de Instrucción de La Unión, tienen prohibido salir del país, no cambiar de domicilio y no acercarse o comunicarse por cualquier medio con las víctimas.

Señalan arbitrariedad policial

En la resolución de la Cámara, consta que el abogado Villatoro Flores argumentó que en el caso de Hernández Villalta la Policía había cometió algunas arbitrariedades con ella, violando el debido proceso, al ser entrevistada el 29 y 31 de diciembre sin que hubiera una orden de la Fiscalía para entrevistarla y que fue con base en esas mismas entrevista que construyeron su vinculación al proceso judicial.

Así también, a vecinos y familiares de las víctimas les extraña que en el proceso judicial se diga que Bustillo Cruz fue notificado de su detención el 31 de diciembre.

Tanto vecinos del cantón Bobadilla como testigos y familiares de las víctimas afirmaron que Élmer Leonel Bustillo Cruz fue capturado un par de horas después de cometido el crimen, es decir, el 29 de diciembre.

No obstante, en el proceso judicial consta que Bustillo Cruz fue notificado de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en las bartolinas de la delegación policial de La Unión, donde estaba preso por otros delitos.

“Más caro matar a un chucho que participar de un homicidio”

En el caserío donde vive la familia de Barrera Ponce (víctima mortal) y los otros dos hombres a quienes intentaron matar el 29 de diciembre, no les ha caído en gracia la resolución judicial que puso en libertad a los dos sospechosos vinculados al crimen.

Uno de los vecinos del lugar donde fue cometido el crimen comentó que en El Salvador es más caro matar a un perro que participar en un homicidio. El comentario se derivó luego que el vecino supiera que a Bustillo Cruz solo le impusieron $500 de fianza, mientras que en Tonacatepeque, una mujer fue multada con $1,700 por atropellar a un perro.

Pero la indignación y frustración es mayor en los familiares de Barrera Ponce y las otras dos víctimas, quienes consideran que “en ese asunto debe haber por lo menos algún pistiado (sobornado)”.

Algunos parientes de las víctimas también están indignados porque ni la Policía ni la Fiscalía les avisó que Bustillo Cruz y Hernández Villalta habían recuperado su libertad, aunque bajo medidas.

Ellos se dieron cuenta porque e el caserío (distante unos diez kilómetros de donde viven los imputados) se regó la noticia de que el hombre y la mujer ya andaban libres, el mismo día que estos abandonaron las prisiones donde habían sido enviados el 6 de enero.

A la indignación también se suma el temor de que los pandilleros puedan tomar venganza contra los familiares de las víctimas, aunque una de éstas (el ciudadano norteamericano) ya se fue de El Salvador juntamente con la esposa y los tres hijos de Barrera Ponce.

“Me di cuenta porque la gente me comentó que de nada había servido que los metieran presos porque ya habían salido. Nadie nos avisó que ya andaban libres”, afirmó un familiar de las víctimas.

“A mí me anduvieron de payaso porque me parece que esto es un juego”, afirmó otra persona quien dijo que la Policía lo había entrevistado varias veces.

Primera vez que venían desde que se fueron

Familiares de Barrera Ponce están consternados por su asesinato. Relataron que él, su esposa, sus hijos y un cuñado ya tenían varios años de no venir a El Salvador a pasar las fiestas de fin de año.

Recuerdan que vinieron el 20 de diciembre y que el 24 entre Barrera y su cuñado (víctima de homicidio tentado) pagaron $800 a una disco para que amenizara un baile en el cantón Las Maderas para que se divirtieran los jóvenes del cantón. Jamás se imaginaron que días después uno de ellos sería asesinado por miembros de la MS-13 que controlan buena parte de la zona rural de San Alejo.

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