Diputados de la Comisión Financiera del partido Nuevas Ideas, presentaron este lunes propuestas de reformas a la Ley del Historial Crediticio, con las que pretenden subsanar los vacíos que la ley tiene actualmente, dijo la parlamentaria Dania González, presidenta de la Comisión Financiera.
Entre las modificaciones se encuentra que las Agencias de Información de Datos sobre el Historial Crediticio deberán borrar el récord negativo de una persona cuando ésta haya cancelado la totalidad de sus deudas.
“Los burós de créditos conectados con el sector que está supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero van a tener 24 horas para actualizar la información cuando la persona ya haya efectuado su pago total”, explicó González.
Añadió que también han decidido aumentar el capital de las empresas de información de datos de $150 mil que tienen actualmente como máximo, para que puedan invertir hasta $500 mil y facilitar de esa forma que los salvadoreños tengan una aplicación móvil en donde puedan revisar su historial crediticio en tiempo real.
Las últimas reformas que la anterior legislatura hizo a la Ley del Historial Crediticio fueron en diciembre de 2020. En ese entonces una de las enmiendas fue bajar a 18 meses el periodo para que las agencias de información eliminaran el historial crediticio negativo de los clientes, luego de que hayan efectuado los pagos morosos en el sistema financiero.
Antes de esa modificación, la normativa establecía que las agencias de información debían inutilizar y eliminar de sus bases de datos el historial negativo en un plazo no mayor a tres años, por lo que se redujo a la mitad. Ahora la actual legislatura propone que se borre el historial negativo en un lapso de 24 horas, cuando el usuario cancele la totalidad de sus deudas.
Además, ahora con las enmiendas que propone Nuevas Ideas, se aplicarán sanciones económicas a las empresas que incumplan con las nuevas medidas.
La sanción mínima es de 20 salarios mínimos y una máxima de 1,000 salarios mínimos, tomando como base el vigente de $300 mensuales del sector comercio y servicios, se estaría hablando de una amonestación económica mínima de $6,000 hasta una mayor de $300 mil.
La empresa de información que incumpla en reiteradas ocasiones y hasta tres veces sus operaciones serán cerradas, dijo González. Además, se obliga a las empresas de información que deben tener una sede en cada departamento y serán supervisadas por la SSF cada tres meses.
“A partir de estas reformas, los burós de crédito tendrán 180 días para actualizar toda la información y a partir de 90 días el Banco Central de Reserva deberá emitir la normativa correspondiente para robustecer este marco legal”, explicó el diputado William Soriano.