“Las detenciones arbitrarias e ilegales se caracterizan por incumplir el debido proceso, quebrantar la presunción de inocencia y no se garantizan los derechos. Además, este tipo de detenciones se puede particularizar por el uso excesivo de la fuerza, la tortura y el uso de engaños para llevar a las personas a las delegaciones policiales”, señala el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) en el mismo informe.
Un claro ejemplo de ese tipo de detención le ocurrió al experto en criptomonedas, Mario Gómez, quien fuera capturado por la Policía en septiembre pasado y llevado con engaños a la delegación de la PNC en la colonia Monserrat.
En el artículo 7 inciso 4° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece que “toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”.
En el caso de Gómez, quien ha sido un duro crítico del Bitcoin, se violentó ese derecho ya que en ningún momento se le informó sobre las razones de su detención ni tampoco de los delitos que le imputaban, señala el OUDH.
Gómez fue detenido cuando salía de su casa, acompañado de su madre, en una colonia de Mejicanos.
Mientras conducía su vehículo, Gómez fue interceptado por policías para decirle que los tenía que acompañar porque él estaba involucrado en un accidente de tránsito.
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“Los hechos cuentan que Gómez fue detenido a base de engaños, sin orden legal, le impidieron comunicación con sus familiares y abogados, y se determinaron actos arbitrarios”, señala el OUDH.
Lo grave del caso es que la Fiscalía General desconocía sobre esta detención, por lo que la Policía Nacional Civil cambió la versión y dijo que no era una detención sino una investigación por su presunta participación en estafas informáticas a usuarios de un banco.
Casi cuatro horas después, Gómez fue liberado, sin que le hayan devuelto sus teléfonos celulares.
El informe también resalta las detenciones ilegales de más de 2,424 personas acusadas de haber “violado” la cuarentena domiciliar obligatoria por la emergencia de la pandemia del COVID-19.
Destaca el caso de una persona que murió en un centro de contención. “La situación de la víctima es que fue detenida, llevada a un centro de contención donde se contagió y luego trasladada a bartolinas, donde las condiciones eran peores ya que no había alimentación, acceso a agua, a salud y esto se tradujo en una muerte estando dentro de las autoridades policiales”, señala el OUDH en su informe.
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Otra de las situaciones tratadas en el informe son las detenciones “arbitrarias” de mujeres por haber tenido una emergencia obstétrica.
Resalta los casos de cuatro mujeres que “fueron privadas de su libertad arbitrariamente, luego de ser acusadas de homicidio agravado tras haber sufrido emergencias obstétricas”.
En febrero de 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas recomendó al Estado salvadoreño poner en libertad de inmediato a tres de esas mujeres y que les entregaran una indemnización económica y otras reparaciones acordes al Derecho Internacional por los daños causados.
Hasta finalizado el año 2020 no había información de que el Estado salvadoreño haya cumplido con esas recomendaciones.
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