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Ley contra el Tráfico Ilegal de Personas vulnera derechos de “libertad e igualdad”, dice Bukele

El veto del mandatario se da en momentos en que la crisis migratoria se agudiza en la frontera entre México y EE.UU.

Por Eugenia Velásquez | Abr 22, 2021- 16:17

Foto de referencia: AFP

La nueva “Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas”, aprobada hace poco por la Asamblea Legislativa ya tuvo su primer tropiezo. El presidente Nayib Bukele la envió vetada “por inconstitucional” a la Asamblea.

Este veto pone un alto a dicha normativa en tiempos en que el gobierno de los Estados Unidos exige a los países centroamericanos ejecutar acciones y políticas públicas que frenen la migración irregular hacia EE.UU.

La más reciente visita de Ricardo Zúñiga, Enviado Especial de Estados Unidos para la región norte de Centroamérica, confirmó el interés del gobierno de Joe Biden en parar la crisis migratoria que se vive actualmente entre la frontera de México con la Nación estadounidense.

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Sin embargo, a criterio de Bukele la nueva normativa aprobada por la Asamblea recientemente “es inconstitucional” porque “vulnera derechos de libertad e igualdad en la formulación de la Ley e infracciones al principio de proporcionalidad y a la justicia como valor constitucional, previstos en los artículos 1, 2, 3, 4, 27 y 246, de la Constitución de la República”.

Según Bukele, de acuerdo a lo dictaminado por los diputados la ley contra el Tráfico Ilegal de Personas contempla circunstancias agravantes de tipo penal, por lo que tendría una “naturaleza penal, que contempla tanto aspectos estrictamente represivos, como aspectos relacionados con políticas públicas focalizadas en la prevención de la comisión del delito en cuestión”.

En ese sentido, el Ejecutivo establece que se advierten defectos de diseño institucional y de técnica legislativa, así como vicios de inconstitucionalidad relacionados con la vulneración a los derechos a la libertad e igualdad, a la justicia como valor constitucional, por infracción al principio de proporcionalidad y fin resocializador de las penas, así como al principio de seguridad jurídica”.

Se detalla en el veto de Bukele que la información disponible e investigaciones sobre la materia permite, cada vez más, identificar que el tráfico ilícito comprende una miríada de actores organizados en múltiples maneras y que no necesariamente están relacionadas con el crimen organizado.

Esto dado que la ley como fue aprobada por la Asamblea incluye como finalidad la detección, persecución penal integral, juzgamiento y prevención del delito de tráfico ilegal de personas, ya sea que se cometa o no con vinculación de organizaciones o grupos criminales.

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Así como también el desarrollo de la cooperación nacional e internacional en el combate y prevención del delito de tráfico ilegal de personas.

“No debe perderse de vista que, con la penalización de las conductas relativas al tráfico ilegal de personas, si bien se busca proteger derechos fundamentales de las personas que pudieran verse afectadas como consecuencia de ciertas conductas relacionadas con el fenómeno migratorio, y que se ven lesionados al convertirse el sujeto en objeto de una específica modalidad de tráfico, en condiciones que podrían poner en peligro su vida o su seguridad, al no existir traslado forzado del migrante, quien desde el inicio de la cadena acepta su condición de migrante irregular, predomina, en este delito en particular, la defensa de los intereses de los Estados a controlar los flujos migratorios y la indemnidad de sus fronteras”, reza parte de los argumentos del veto.

El veto ya no podrá ser superado ni aceptado por la actual legislatura, ya que sus funciones llegan hasta el próximo 30 de abril, por lo que la decisión del mandatario quedará en manos de la nueva legislatura, la cual tiene los votos suficientes, más de 56, para aceptar el veto o incluso, rechazarlo, lo cual es poco probable, porque la Asamblea está dominada por el partido Nuevas Ideas, a fin al gobierno de Bukele.

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