Esta mañana, miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ingresaron una pieza de legislación que busca proteger los derechos humanos durante la pandemia del COVID-19.
En concreto, esta busca que el Departamento de Estado (equivalente a un Ministerio de Asuntos Exteriores) y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) empleen la diplomacia y la asistencia internacional para prevenir abusos a los derechos humanos escudándose en la crisis actual.
Entre la lista negra de países que los legisladores incluyeron en la iniciativa aparece El Salvador. Además, se incluye a países con reconocidos líderes autoritarios, como Hungría, gobernada por decreto y de forma indefinida por el xenófobo Viktor Orbán; Turquía, liderada por el enemigo de los medios y la disidencia, Recep Tayyip Ergodan; y Filipinas, cuyo presidente, Rodrigo Duterte, tiene un historial de ordenar, consentir y celebrar barbáricos abusos de poder en su país.
En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele pasó rápidamente de ser visto en Washington como un amigo de Estados Unidos a ser visto con mucha preocupación. Importantes legisladores del partido Demócrata, actualmente en la oposición, han advertido que el presidente está sacrificando al estado de derecho con la excusa de combatir la crisis sanitaria actual.
Sin embargo, la pieza de legislación presentada hoy rompe cualquier precedente pues incluye por primera vez a legisladores republicanos, es decir del partido del presidente Donald Trump, entre los que identifican al gobierno de El Salvador como uno que está subiéndose a la crisis actual para consolidar su poder.
Los congresistas que respaldaron esta medida son los senadores republicanos Marsha Blackburn y Roger Wicker; además de la representante Ann Wagner. Del lado demócrata, están el influyente Jim McGovern, quien conoce muy bien a El Salvador y tiene mucha fuerza de negociación en Washington. Además, están los senadores Ben Cardin, Jeff Merkley y el representante Tom Malinowski.
En su iniciativa, se pide que Estados Unidos promueva por medio de sus herramientas diplomáticas y de cooperación la protección de derechos humanos.
“En crisis de salud pública, los gobiernos llegan a necesitar de medidas extraordinarias para parar la difusión de la enfermedad con pasos como restringir el movimiento de la gente, cerrar negocios o limitar el acceso a espacios públicos”, reconocen los legisladores. Sin embargo, explican que bajo el derecho internacional “los países están obligados a seguir respetando las obligaciones con los derechos humanos, aún y especialmente durante emergencias nacionales”.
En ese sentido, lamentan que gobiernos, como los mencionados arriba, han restringido derechos humanos sin que esto responda a una finalidad sanitaria.
Esta iniciativa busca dirigir fondos de cooperación a organizaciones de sociedad civil, defensores de derechos humanos y de la libertad de prensa. Además, requeriría al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al Administrador de USAID presentar un plan estratégico de estas actividades para defender derechos. El proyecto también busca requerir reportes constantes del Departamento de Estado sobre cómo está abordando estas violaciones alrededor del mundo, y cómo monitorean constantemente abusos de poder.
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Silencio republicano
La política exterior de Estados Unidos desde la toma de posesión del presidente Donald Trump parece haberse llevado a cabo de manera transaccional, es decir los países que cumplan con los objetivos de la Casa Blanca cuentan con su beneplácito, a pesar de transgresiones en sus países.
En concreto, el gobierno de Nayib Bukele se ha mantenido cercano al de Trump por apoyar las medidas migratorias de este último, que ve en este pilar su principal apuesta para una reelección en octubre.
El Salvador ha recibido deportados de Estados Unidos durante la pandemia, pese a advertencias de que esto puede implicar la importación de contagios; suscribió un cuestionado acuerdo para recibir solicitantes de asilo y ha luchado contra las caravanas que buscan ir en masa a este país, incluso sumándose a la retórica de la Casa Blanca de que están integradas por presuntos delincuentes.
Por ello, que un grupo de republicanos se sume no solo a identificar al gobierno salvadoreño como uno que aspira a autoritarismo, sino también lo equipare a reconocidos autócratas como Orbán, Erdogan y Duterte puede significar que la imagen de Bukele en Washington está cambiando dramáticamente, incluso en los copartidarios de Trump.
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