Un millar de soldados y 164 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil han sido juramentados este miércoles por la noche por el presidente Nayib Bukele, los cuales, indicó, serán incorporados al Plan Control Territorial en 2022.
"El próximo año tendremos 1,300 soldados más que se incorporarán al Plan Control Territorial”, manifestó el mandatario en su discurso luego de presidir la juramentación en las instalaciones del ex-Cuartel El Zapote, situado en el barrio San Jacinto, al sur de San Salvador.
Con esta incorporación masiva de soldados, Bukele reafirma su decisión de duplicar el numero de miembros de la Fuerza Armada, tal como lo prometió en julio pasado, cuando dijo que la institución armada llegará a los 40,000 efectivos.
En la ceremonia también se hizo la ceremonia de ascenso al grado de inspector de 142 subinspectores de la Policía Nacional Civil.
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Como lo hizo en aquella ocasión, esta noche ha justificado el incremento de la fuerza militar en la necesidad de reforzar la seguridad pública y la lucha contra la delincuencia, especialmente de las pandillas, a las que anteriormente ha tildado de ser "uno de los mayores enemigos internos" que tiene el país.
Esta militarización ha sido duramente cuestionada por expertos en seguridad pública, por considerar que no es del todo efectiva para llevar tranquilidad a las familias. Las críticas se acentuaron luego de que investigaciones periodísticas como la del periódico digital El Faro dejaran al descubierto, este año, que el gobierno de Bukele, al igual que los del FMLN, han negociado con pandillas para bajar los homicidios.
Las fotografías en las que se ve al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, y al director del Tejido Social de la administración Bukele, Carlos Marroquín, guiando a un nutrido grupo de hombres encapuchados ingresando a una prisión para que se reunieran con cabecillas de pandillas recluidos, han dejado expuesta la duda de si la baja de homicidios que tanto resalta el gobierno actual obedece al publicitado Plan Control Territorial.
El reciente anuncio de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Luna Meza y Marroquín refuerzan esas dudas, ya que los señala de ser los representantes del gobierno en negociaciones con pandillas, a las que entre otros beneficios, habrían entregado de parte de la administración Bukele dinero y de prostitutas en las cárceles.
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Pero el mandatario ha intentado defenderse esta noche al negar tal tregua o negociación con pandillas, e intensificó su batería a que "los gobiernos anteriores hicieron treguas absurdas, llevaron prostitutas a los centros penales, celulares, armas, internet. Lo que estoy diciendo no es un chisme, todo esto está grabado en video”, dijo Bukele.
Lo dicho por Bukele contradice a lo que revelan investigaciones periodísticas de El Faro y sobre todo las afirmaciones del Departamento del Tesoro contra dos de sus funcionarios de ser los que negociaron con las pandillas MS-13 y la 18.
De igual forma denuncias provenientes de la misma Policía contradicen a Bukele cuando niega la tregua. “Cuando escucho acusaciones de tregua, yo les pregunto a todos los policías y a todos los soldados que están en las calles, que están en los cerros, en los pueblos, en los cantones; ¿alguna vez han recibido la orden de dejar pasar a algún delincuente?, lanzó esta noche.
Pero publicaciones de El Diario de Hoy han revelado que los mismos policías han denunciado que ha habido casos donde dijeron haber recibido instrucciones de ciertos jefes de "no molestar a los muchachos (pandilleros)" cuando anden patrullando y que para no encontrarse con ellos se desvíen del camino. Esto ocurrió en zonas de Apopa.
Bukele, además de defender la inocencia de su gobierno en el tema tregua con pandillas, mantuvo su retórica de que la baja de homicidios es obra de los esfuerzos de su gobierno y hasta dijo que se está "a punto de lograr el año con menos homicidios registrados" y que esto es notable cuando se comparan las cifras con las registradas en 2020.