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Denunciar injerencia mientras se desmantela la democracia, otro paso en el manual autoritario

Nayib Bukele está adoptando la retórica de otros presidentes autoritarios que al ser expuestos en sus abusos señalan intervención. Según expertos, los derechos humanos requieren protección internacional, por lo que no puede reclamarse soberanía al violarlos.

Por Ricardo Avelar | Sep 27, 2021- 21:56

Ante un batallón de soldados, el 15 de septiembre Nayib Bukele acusó a la comunidad internacional de financiar a la oposición. Horas antes, miles marcharon contra sus abusos. Foto EDH / Archivo

“No somos ‘patio trasero’ de nadie”, tuiteó el lunes 20 de septiembre el presidente Nayib Bukele.

Esto, a dos horas de que el gobierno de Estados Unidos añadiera a los abogados impuestos en la Sala de lo Constitucional en su Lista Engel de actores corruptos o antidemocráticos.

La inclusión de los juristas al grupo de sancionados con pérdida de visa se debe a que aceptaron ser nombrados de forma ilegítima tras un golpe al Órgano Judicial el 1 de mayo y a que participaron de un asalto a la Constitución al emitir una resolución que permite la reelección consecutiva.

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La reacción de Bukele fue icónica: reclamó que nadie de la oposición fue incluido en la nueva lista (¿asumiendo que los abogados impuestos son oficialistas?), reclamó intervencionismo e hizo una apelación a la soberanía de su gobierno ante “un amigo” que es invitado a una casa (El Salvador) y quiere “mandar”.

Esta maniobra de reclamar soberanía no es original del presidente salvadoreño. De hecho, hay sobrada evidencia de que mandatarios autoritarios y violadores de derechos humanos, al verse confrontados por sus pares, han recurrido a ese argumento.

En 2018, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, lamentó que “ya se está haciendo costumbre que la referencia a la ‘no injerencia’ en asuntos internos sea el argumento predilecto de los regímenes que incursionaron en el autoritarismo creciente, en la violación de los principios democráticos, en el camino dictatorial”.

En una intervención sobre la crisis nicaragüense, Almagro reiteró que este cuerpo hemisférico, y otras instancias internacionales, existen precisamente para proteger y estar del lado de las víctimas y de los derechos de los pueblos.

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En la misma línea, el académico argentino Marcelo Alegre explicó que “los derechos humanos son aquellos intereses merecedores de una protección especial” y señaló que por su importancia “ponen en juego la responsabilidad internacional de los Estados, son objeto genuino de preocupación y movilización por parte la opinión pública global”.

Alegre añadió que violar derechos fundamentales “debilita la pretensión de no injerencia en los asuntos internos” y hacerlo “muestra un grosero desdén oficial por la igual dignidad de las personas sujetas a su dominio”.

Pese a estas críticas y a lo predecible que puede volverse esta apelación a la soberanía, el guión parece inmutable. Cambian países, mandatarios y circunstancias, pero la maniobra luce análoga: exigir a la comunidad internacional distancia al tiempo que se pisotea la legalidad y derechos humanos fundamentales.

Bukele “toma prestada” esa retórica

Ante la creciente presión internacional por su deriva autoritaria, el presidente salvadoreño retoma el discurso de denunciar injerencias y ha lanzado indirectas a la comunidad internacional, principalmente a Estados Unidos, de que no aceptará intervenciones, al tiempo que su aparato de gobierno viola la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión, entre otros.

Curiosamente, dos de los gobiernos a los que Nayib Bukele ha atacado en su momento, el de Venezuela y el de Nicaragua, han empleado este recurso retórico al verse confrontados por sus abusos.

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El mismo día que Bukele tuiteó no ser “patio trasero”, Nicolás Maduro recordó que su predecesor “Hugo Chávez denunció la prepotencia e injerencia del imperialismo norteamericano” y agregó que “reafirmamos el talante antiimperialista de la Revolución y la lucha por la defensa de la Patria”.

Estas palabras resuenan con lo dicho el 19 de mayo de este año por Daniel Ortega, el otrora revolucionario nicaragüense que ahora emula las prácticas dictatoriales que alguna vez combatió.

Ante las condenas por perseguir opositores y reprimir a manifestantes, Ortega dijo que “Nicaragua es soberana (…), es un pueblo que merece respeto, y esto va para el embajador yanqui y otros embajadores que viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos”.

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Esta última acusación también la hizo Bukele el 15 de septiembre en su discurso en ocasión del bicentenario de la independencia. Ante un puñado de funcionarios, un batallón militar y parte del cuerpo diplomático, el mandatario acusó a la comunidad internacional de financiar una “oposición perversa”, rechazó las acusaciones de estar consolidando una dictadura y advirtió que en un futuro podría reprimir manifestantes.

“Táctica común”

Napoleón Campos, experto en relaciones internacionales, afirma que es común “para la construcción y consolidación de una tiranía” el aislamiento internacional y el reclamo constante de la soberanía.

Sin embargo, este experto sostiene que Bukele olvida que la Constitución reconoce en su artículo 144 que los tratados internacionales están sobre leyes secundarias. “Por tanto, todo lo vigente para el Estado de El Salvador en materia de principios y valores democráticos, tiene preeminencia sobre todos los decretos legislativos y ejecutivos que han taladrado la democracia en el país”, explica.

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Además, recuerda que la soberanía no es propia de los gobiernos, sino de los pueblos. Por ello, “ningún derecho fundamental, ninguna libertad puede ser violentada por autoridad alguna en nombre del Estado soberano”, dice, y recuerda que la Constitución reconoce un derecho a la insurrección ante violaciones graves a los derechos humanos. Eso, agrega, es la puerta a la recuperación plena de la soberanía.

Por su parte, Celia Medrano, defensora de derechos humanos, señala que “es común que un Estado reniegue de la observación internacional y esgrima el principio de soberanía y no injerencia” cuando está cometiendo abusos.

“Efectivamente, es común en gobiernos de corte autoritario apelar a la soberanía cuando se ven cuestionados por representantes de otros Estados por decisiones y acciones que son violatorias a principios internacionales”, subraya, pero recuerda que los Estados reconocen la competencia de instancias supranacionales para el seguimiento de obligaciones con los derechos humanos. “Desde este marco, no se trata de injerencia, sino del cumplimiento de la comunidad internacional de velar por garantías universales”, explica Medrano.

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