Nayib Armando Bukele Ortez ha sido demandado en la Corte Centroamericana de Justicia por atentar contra el estado constitucional y democrático de derecho desde que asumió el poder el 1 de junio de 2019, con lo cual, dice el demandante, también transgrede los tratados y convenios centroamericanos con lo que pone en grave riesgo la democracia de la región.
La demanda fue presentada el pasado martes y a título personal, por Francisco Napoleón Campos Martínez, quien corre por una diputación por el partido Nuestro Tiempo.
Campos confirmó que ya fue notificado de la recepción de la demanda por el secretario general de la Corte y queda a la espera de que su recurso sea admitido pronto.
Según la demanda de Campos, es notorio la serie de atentados que Bukele ha cometido de “forma gradual y progresiva”, con lo cual ha colocado a la República salvadoreña y su democracia en “grave peligro”.
Pero además expone a la Corte Centroamericana que como resultado de esas acciones antidemocráticas del mandatario salvadoreño, altos funcionarios de gobiernos con los que El Salvador tiene relaciones de amistad y cooperación, no han aceptado reunirse con él.
“Dichos atentados que resultaría prolijo enunciar debido a la cantidad inusitada de los mismos, han traspasado sobradamente los límites de lo tolerable y han vuelto imperativa la necesidad de que los ciudadanos de la República activemos los mecanismos estatales y supranacionales que nos ofrece el ordenamiento jurídico ante la no rectificación de las actuaciones antidemocráticas por parte del presidente de la República…”, dice parte de la demanda.
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Campos fundamenta su demanda ante la Corte en cuatro transgresiones al estado de Derecho cometidos por Bukele y que, según manifiesta, afectan los principios democráticos que inspiran la comunidad centroamericana y cuya protección o preservación son competencia de ese tribunal regional.
Las causales de la demanda son: usurpación de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Legislativa al convocar a una asamblea general extraordinaria el 9 de febrero de 2020, lo que ha ocasionado un conflicto entre órganos.
La segunda es el irrespeto e incumplimiento a los fallos pronunciados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La tercera es las disposiciones y actuaciones administrativas del presidente Bukele que han afectado normativas del derecho de la integración centroamericana.
Y como cuarta causal está la instrumentalización de la Fuerza Armada, contemplada en el Tratado de Seguridad Democrática Centroamericana.
Uno de los hechos más graves de irrespeto a la independencia de poderes en el país ha sido la irrupción de Bukele acompañado por miembros de la Brigada Especial de Seguridad Militar que utilizaron armas largas y rodearon el Salón Azul.
Ese asalto constituyó para muchos expertos y políticos una usurpación. Bukele se sentó en la silla del presidente de la Asamblea, tocó el gong y declaró abierta una sesión, según él, para que los diputados le aprobaran un préstamo, pese a que la Constitución no le faculta a ello.
Incluso sentado en la silla que le corresponde al presidente del Órgano Legislativo, Mario Ponce, deslizó esta aseveración: “Creo ahora está muy claro quien tiene el control de la situación”. Luego se levantó y abandonó de manera sorpresiva y extraña el Salón Azul.
Pero afuera dijo a un grupo de seguidores y empleados que había preguntado a Dios y este le dijo que tuviera paciencia. Añadió que el 28 de febrero “vamos a tener esta Asamblea” pero amenazó con una convocatoria similar si en una semana los diputados no aprobaban el crédito.
Desobediencia a las resoluciones judiciales del máximo tribunal
Napoleón Campos dice que además de los acontecimientos graves del 9F y otras conductas del presidente lo han llevado a recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia.
“Ni siquiera pudimos advertir o siquiera imaginar lo que significó el 9 de febrero: el principio de un proceso de vulneración de la democracia y el estado de Derecho en El Salvador”, valora Campos.
El que Bukele no acate las sentencias de la Sala de lo Constitucional es una señal de deterioro constitucional e institucional, tanto que vinieron parlamentarios europeos, y congresistas demócratas y republicanos de EE. UU. emitieron cartas en las que han expresado que Bukele está incumpliendo cláusulas democráticas en el acuerdo bilateral.
Dentro de esas violaciones a las resoluciones a la Sala sobre cosas juzgadas, Campos le pide a la Corte que haga un “examen minucioso” y “examine la desobediencia” de resoluciones como en el caso El Mozote, donde se le ha impedido a un juez ejecutar una orden judicial o los hábeas corpus emitidos sobre detenciones ilegales durante la cuarentena y remisión de ciudadanos a los llamados centros de contención.
A decir de Campos, el gobernante salvadoreño está transgrediendo los andamiajes importantes del país, así como también los principios y valores democráticos consagrados en tratados, convenios y acuerdos bilaterales en El Salvador.
Y esos compromisos, dice Campos, son con países amigos, con los que El Salvador ha venido trabajando desde las negociaciones de paz.
Es más, dice que el hecho de El Salvador no fuera elegible para un tercer Fomilenio por la Corporación Cuenta del Milenio es una especie de sanción internacional, como también lo es el que durante la administración de Donald Trump, en diciembre pasado, se retirara de una ley de gastos generales un paquete de asistencia militar a gobiernos corruptos que instrumental izan las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Entre ellos, El Salvador.
Para Campos, quien ha tenido una larga trayectoria académica en el exterior, dice que todo ese conjunto de acciones de Bukele han estado conduciendo en la ruta de “colisionar tarde o temprano con el sistema internacional a tres niveles: el universal, que es todo el conjunto de compromisos adquiridos desde la Carta de Naciones Unidas por defender la democracia; pero también al nivel hemisférico con la vulneración de la Carta Democrática Interamericana.
Además esa conducta “sistemática y recurrente”, dice Campos, entra en colisión con los tratados fundacionales y tratados secundarios del nuevo proceso de integración centroamericana que arrancó con Esquipulas I y Esquipulas II.
Según Campos, Bukele transgrede por ejemplo, el tratado de seguridad democrática que data de 1995, al instrumentalizar a la Fuerza Armada y a la fuerza policial, pues dicho tratado, que a su juicio es el más importante de la integración centroamericana, significa un compromiso de los estados parte de “detener toda vulneración a la institucionalidad democrática de cada país centroamericano”.
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Campos ha pedido a la Corte “observar la conducta del presidente” y proceda a tomar las medidas correspondientes, entre ellas que ordene a Bukele que interrumpa este patrón del conducta sistemático y recurrente de taladrar la democracia y la vida constitucional del país”.
Campos también ha pedido que no conozca el caso Édgar Varela, magistrado salvadoreño que integra la Corte Centroamericana de Justicia, debido a que él es el esposo de la ministra de Educación de Bukele, Carla Hananía, y hay un “evidente” conflicto de interés.
“ Yo esperaría que el doctor Édgar Varela, siendo un diplomático de carrera, teniendo los estudios que tiene y dado que goza de una respetable carrera como jurista y diplomático no va a ser necesario que la Corte lo separe, que él tendrá la altura ética de separarse de este caso”, afirmó Campos.