En algunas declaraciones públicas recientes, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha expresado su desdén e irrespeto por los Acuerdos de Paz que considera una “farsa” y un “negocio”.
En una conversación reciente con dos veteranos de guerra, uno proveniente de las Fuerzas Armadas y uno del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ambos apuntaron que este es un precedente peligrosísimo para El Salvador (ver entrevista en páginas siguientes).
A juicio de ambos, esto equivale a “intentar borrar la historia y querer reescribir un relato que conduzca a la construcción de un modelo autoritario”.
Negar el mérito, el avance y la importancia de los Acuerdos de Paz puede responder al desconocimiento de lo que ha vivido El Salvador en las últimas décadas o a dar por sentadas algunas de las libertades que ahora se viven en el país.
Poder criticar al poder, exigirle cuentas, protestar abiertamente y asociarse con libertad para conducir ideas o proyectos políticos son garantías relativamente recientes para los salvadoreños, más acostumbrados a lo largo de la historia a tener que resistir y rebelarse contra la opresión.
Sin embargo, restarle importancia a este hito histórico desde la cima del poder político puede responder a fines más pernicioso.
Por un lado, como apuntaban los veteranos en la conversación con este medio, a pretender que la historia empezó el día en que el presidente actual fue electo, generando una dialéctica populista de “ustedes” (todas las fuerzas previas a su ascenso al poder) contra “nosotros”.
Este ha sido, históricamente, uno de los caminos más cortos para sumir a los países en nueva confrontación y polarización, aprovechando el descontento para endiosar a líderes mesiánicos y abusivos.
Un centro de Washington reprocha a Bukele que califique los Acuerdos de Paz como un “negocio”
Otro posible objetivo al negar desde el poder los Acuerdos de Paz es el de intentar retroceder el camino sentado en firme desde ese día histórico en Ciudad de México.
Y sobre esto, hay diversos botones de muestra. Desde que asumió el poder, el presidente Bukele ha dado signos de intentar politizar a los cuerpos de seguridad y hacer que funcionen como extensiones del poder político y no como fuerzas profesionales y vigiladas por la ley.
El signo más visible de esto fue el 9 de febrero, cuando encabezó una incursión armada a la Asamblea Legislativa para presionar por un préstamo.
Pero más allá de ese abominable episodio, el mandatario se auxilió de sus cuerpos de seguridad para ejecutar abusivas medidas durante el inicio de la cuarentena, usándolos para llevar a cabo detenciones arbitrarias y excesos de fuerza.
Asimismo, la PNC se ha negado a colaborar con la Asamblea Legislativa para asegurar que funcionarios rindan cuentas y hasta entorpeció allanamientos de la Fiscalía a instituciones del Estado bajo sospechas de corrupción.
Además, Bukele está sembrando el odio en una ciudadanía harta de la política, un terreno fértil para el mesianismo y para desandar uno de los mayores logros de la paz: que el adversario deje de ser visto como enemigo a desaparecer.