Brazaletes electrónicos para imputados que cumplen dos años detenidos sin estar sentenciados

Los acusados podrán seguir siendo procesados en libertad, pero controlados a través de esos dispositivos.

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Foto de referencia. EDH/ Archivo

Por David Marroquín

2018-09-26 3:47:45

Los jueces han comenzado a utilizar los brazaletes electrónicos para evitar que a los procesados que cumplan los dos años en detención preventiva sin estar sentenciados, se les vulneren sus derechos constitucionales y que el proceso sea anulado.

El artículo ocho del Código Procesal Penal establece que la detención o internamiento provisional no podrá exceder el plazo de 24 meses (dos años) para los delitos graves, so pena de incurrir en responsabilidad penal.

Ayer, siete supuestos colaboradores de pandillas, quienes cumplieron dos años de estar detenidos de manera provisional tal como lo señala la ley, recuperaron su libertad, pero serán controlados a través de brazaletes electrónicos para que puedan asistir a las audiencias judiciales.

Éstos siete imputados, entre ellos una mujer, todavía no han tenido la vista pública, donde se determinará si son o no culpables del delito de organizaciones terroristas.

El uso de los brazaletes electrónicos para éstos siete imputados fue autorizado por el Tribunal Antimafia de Sentencia C, luego de una audiencia especial. Cada uno de ellos estará siendo monitoreado las 24 horas del día.

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Los siete procesados cumplieron los dos años de estar detenidos de manera provisional el 12, 13 y 24 de septiembre. Para no vulnerarles sus derechos constitucionales y que el proceso judicial sea anulado, el referido tribunal resolvió otorgarles ese beneficio, mientras esperan el juicio.

Además se les otorgó ese beneficio porque ninguno de los imputados tiene otros procesos judiciales pendientes.

El tribunal condicionó la colocación de los dispositivos electrónicos al cumplimiento de una serie de medidas tales como presentarse todos los lunes al juzgado a firmar, no salir del país, sin la autorización del tribunal, y no cambiar de domicilio.

También se les prohíbe comunicarse o acercarse con el resto de imputados ni con los familiares de éstos, mantenerse alejado hasta 4 kilómetros de las zonas fronterizas, en esto incluyen la playa; no visitar el aeropuerto ni tampoco estar cerca de los centros penales.

Uno de las restricciones por el uso de los dispositivos es que los procesados no podrán bañarse en pilas ni en piscinas.

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Los operadores del sistema de monitoreo explicaron en la audiencia que los procesados podrán desplazarse por todo el país. “Los vamos a tener controlados todo el tiempo”, dijo uno de los operadores.

Agregó que si el imputado trata de quitarse o dañar el dispositivo, el centro de monitoreo recibirá una alerta y de inmediato avisará a la Policía para que vaya a su captura y evitar que burle a la justicia.

Marlon Ortíz, defensor de algunos de los imputados, se opuso a que los procesados les colocaran los dispositivos porque ellos ya cumplieron con los dos años de detención provisional y aún no han sido sentenciados.

Agregó que la colocación del dispositivo electrónico es una medida sustitutiva a la detención y en este caso, los siete imputados ya cumplieron con los dos años en detención.

“Si no hay detención, no procede la medida sustitutiva y hasta puede ser ilegal. Es una medida de la detención que ya no existe”, dijo Ortíz, quien sostuvo que los procesados tienen que ser dejados en libertad sin ninguna restricción.

Tras finalizar la audiencia, a los siete procesados, entre éstos una mujer, les colocaron los brazaletes en el tobillo izquierdo y éstos se retiraron para sus casas.