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Bloqueo de manifestantes es “acción cobarde” que lesiona derechos humanos, advierten expertos

Según Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, el gobierno revela temor a las manifestaciones de descontento. Celia Medrano considera que los bloqueos revelan una Policía desnaturalizada y protectora de grupos de poder.

Por Ricardo Avelar | Oct 18, 2021- 21:00

En su afán de entorpecer la marcha pacífica del domingo, que buscaba condenar los abusos de poder, el gobierno de Nayib Bukele colocó más de veinte retenes en diferentes accesos a la ciudad. Con esto, se retrasó significativamente o incluso impidió el paso de cientos de manifestantes que se dirigían a la capital.

En estos retenes, además de detener sin razón a quienes se conducían a ejercer su derecho de protesta, agentes de la Policía Nacional Civil cometieron irregularidades como quitar las llaves a un conductor sin razón aparente o amenazar con detener a quienes cuestionaban el procedimiento.

Según dos expertos consultados por El Diario de Hoy, se evidencia que al gobierno le incomoda que la ciudadanía se exprese en contra de sus decisiones.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, manifestó que “lo que denota es que tenemos un gobierno temeroso a la libre manifestación de las personas”.

A su juicio, buscar entorpecer una manifestación es una “acción cobarde del Gobierno tratando de callar las voces disidentes de la ciudadanía”.

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Y estas voces van en incremento. En solo 40 días, la ciudadanía organizó cuatro manifestaciones masivas. En estas, exigieron respetar la Constitución y protestaron por la inacción ante las desapariciones, la Ley de Agua, la Ley Bitcoin y la destitución forzosa de jueces, entre otras causas.

Para la periodista y defensora de derechos humanos, Celia Medrano, es “cada vez más claro que la Policía pierde su naturaleza y mandato de protección a las personas y se desvirtúa la función para la que fue creada”.

En lugar de garantizar los derechos y la integridad de la ciudadanía, protesta Medrano, la PNC protege el interés de los grupos en el poder.

Durante la marcha, también hubo condena a estos abusos. “El señor presidente bloquea la calle para que no se manifieste todo que no está con él”, reclamó un veterano de las Fuerzas Armadas identificado como Ayala Jovel. En su trayecto, él y sus acompañantes fueron detenidos tres veces.

Un excombatiente del FMLN que viajó desde Morazán denunció que un agente policial lo amenazó con detenerlo y le advirtió que se contagiaría de covid-19 en una bartolina. “Era para intimidarnos, pero lo importante es que quienes venimos de Morazán cumplimos la misión, aquí estamos”, reflexionó.

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Protocolo ante protestas

La PNC ha emitido un protocolo de respuesta ante protestas. Este documento, al cual El Diario de Hoy ha tenido acceso, incluye “levantamiento de información” por parte de la Subdirección de Inteligencia de la PNC, seguimiento mediante el sistema de videovigilancia, patrullajes aéreos virtuales con drones y controles vehiculares para incautar armas o sustancias peligrosas, entre otros.

El documento también llama a promover la resolución pacífica de conflictos y que se debe respetar “los diferentes niveles de fuerza en los procedimientos que resultasen de una acción ilegítima”.

Según Medrano, esta normativa supone un detrimento de los derechos humanos. A su criterio, “preocupa que el despliegue de inteligencia policial contra personas que hacen uso de su derecho a manifestarse implicase en el futuro el montaje de procesos policiales, fiscales y penales para criminalizar la protesta social”. Esto se agrava por el debilitamiento de la independencia judicial y la politización de instituciones.

Además, considera que la Policía busca justificar con un protocolo interno acciones arbitrarias, prepotentes e intimidatorias.

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Para Escobar, esto “se convierte en un acto de intimidación que afecta la libre manifestación, libertad de expresión y de circulación de la ciudadanía”. Esto es grave, pues el goce de estos derechos es una garantía esencial y básica en una democracia, añade.

Es sin duda cualquier acto de intimidación para ejercer estos derechos es una violación grave a garantías esenciales y básicas en una democracia.

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