Las últimas semanas, cientos de personas denunciaron que al intentar registrarse como usuarios de Chivo Wallet descubrieron que su número de DUI ya estaba registrado. Ante estas denuncias, otras personas no necesariamente interesadas en usar la aplicación han verificado si su DUI estaba registrado y han encontrado que sí. Esto ocurrió sin su consentimiento.
Al respecto, El Diario de Hoy habló con la abogada Ruth Eleonora López, jefa jurídica de la unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, quien adelantó que en los próximos días presentarán una demanda contra la empresa Chivo Wallet S.A. de C.V. En sus palabras: “No debería caber la posibilidad de que, simplemente, esta empresa por tener un origen estatal vaya a ser protegida por encima de los intereses de la ciudadanía”.
Ante lo ocurrido en los últimos días con la aplicación Chivo Wallet, ¿qué acciones jurídicas corresponde tomar?
El nacimiento de la aplicación Chivo es un nacimiento abrupto. Es un nacimiento con una rapidez inusual en la creación y la generación de aplicaciones. (...) Como organización de protección de los derechos humanos y donde hay un uso de la identidad y de la identificación de los ciudadanos salvadoreños irregular, porque se está utilizando la identidad y la identificación sin el consentimiento de la persona y por eso es irregular. Entonces nos dimos a la tarea de estudiar cuáles podrían ser algunas de las alternativas para buscar una protección de la ciudadanía. En ese sentido en Cristosal se identificaron acciones legales.
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Lo que presentaremos en los próximos días es una demanda contra la empresa, porque la empresa no ha sido lo suficientemente garante de la verificación de la identidad de aquellos ciudadanos que además están cobrando un subsidio, es decir, hay erogación de fondos públicos.
Y por tanto hay que buscar una protección, no solo por el uso de los datos personales, sino también por el descuido de la plataforma, y en este caso de la empresa, de no garantizar que quien reciba el subsidio es la persona que está proporcionando sus datos personales.
En ese sentido esa es una acción y la otra tiene una naturaleza penal, porque va haber que deducir la responsabilidad penal del que resulte señalado en las investigaciones a partir de un delito informático. Es decir, no sabemos si hay una apropiación de una base de datos, por ejemplo de un grupo de ciudadanos y se ha estado utilizando su identificación a partir de esa base de datos o si hay una red articulada a partir de información que, incluso, puede haber salido de instituciones públicas.
Lo cierto es que la ciudadanía ha quedado desprotegida porque las autoridades, las distintas autoridades públicas, las distintas instituciones no están actuando en esa medida los ciudadanos y ciudadanas tienen todo el derecho de acudir y de instar a las entidades públicas para que se pronuncie en la búsqueda precisamente de una protección de su información, porque si no ocurre esto hoy es para una aplicación y para el cobro de los 30 dólares, verdad? Porque las personas lo que están haciendo es utilizando la aplicación para al final traducirlo en dólares.
Sino que más adelante pudiera ser utilizada esta esta identidad que ya estaba registrada en este sistema con otros fines, darle otros usos, y todo es a espaldas precisamente del dueño de la información que en este caso es el propio ciudadano.
¿Qué marco jurídico se utilizaría para llevar estos casos ante la Fiscalía?
Desde la perspectiva penal estamos hablando de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos y en el caso del ámbito constitucional precisamente la falta de una ley de protección de datos personales que el Presidente de la República vetó y que esta bancada legislativa no ha promovido y además la Ley de Procedimientos Constitucionales, porque aquí definitivamente hay una desprotección además por parte del Estado para garantizar un debido tratamiento y protección de los datos personales de la ciudadanía.
¿Es adecuado hablar en estos casos de suplantación de identidad?
Sí, porque se está utilizando la identidad de otra persona. Se está asumiendo la identidad de otra persona en este caso para obtener un beneficio económico directamente. Aquí incluso la empresa ha mostrado una negligencia para verificar la información, pero además para investigar lo que ya es público. La empresa lo que debiera hacer en este momento es detener el registro y proceder a una verificación de la información y constatación de la información que ha sido brindada por algunos ciudadanos, que además están registrando a través de un teléfono que pudiera ser investigado a partir de las relaciones mismas de la propia empresa con una denuncia que pudiera hacer incluso la propia empresa si se sintiera afectada. Pero nada de esto ha ocurrido. Por tanto, siendo una empresa que tiene origen en fondos públicos, pues esta irresponsabilidad del tratamiento de datos personales es mucho más preocupantes viniendo precisamente de una empresa que tiene un vínculo público, que ya conocemos todos a partir de la gestión del fideicomiso aprobado por la Asamblea Legislativa. Aquí no solo está el tema del uso de de datos, del uso de la información personal de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que aparecen registrados y que no se han registrado, sino también la erogación de fondos públicos a personas que no son los que debieron haber sido a partir de que ellos no han expresado su voluntad de ser parte de la aplicación.
¿Qué derechos se han vulnerado a los usuarios que fueron registrados sin que ellos lo supieran?
En primer lugar, para unos la protección de datos personales. Es decir, la información personal aquí hay un tema de la intimidad también, porque todos estos datos, aquí hay un tema de reconocimiento facial. Aquí hay un hay un problema también de la aplicación en sí misma, tenemos que hablar definitivamente de esa vulneración a la privacidad que ha habido por parte de los ciudadanos y en en otros casos donde la persona sí quería descargar la aplicación ser parte del registro, cobrar el el subsidio, entonces hay una afectación patrimonial, porque alguien más se ha beneficiado de lo que le hubiese correspondido.
¿Qué riesgo corren las personas que han sido registradas sin su consentimiento y no han denunciado estos casos ante ninguna instancia?
En primer lugar, hay que tener en cuenta que una persona a la que se le han utilizado sus datos personales, eso ya está incorporado en una base de datos de una empresa a la que usted cuando se accede, se registra, está cediéndole el uso de esa información. Si usted no ha mostrado consentimiento, no ha dado su consentimiento para que esta empresa use su información, entonces esta empresa podría estar utilizando esos datos de manera irregular y posteriormente ser trasladados hacia otras empresas o hacia la misma autoridad.
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Pero hay que dejar registro es decir, igual que cuando a uno le roban el teléfono se tiene que reportar que ese teléfono ha sido robado, porque si el número de teléfono resulta vinculado con un delito, pues entonces usted tiene la constancia y eso no será utilizado en su contra. Y si, además, tiene toda su información, pues entonces pudiera ser utilizado para otros fines… Por tanto, es importante denunciar.
¿Qué podemos esperar en los siguientes días?
Independientemente de las acciones que como organización estamos desarrollando, también creo que la ciudadanía puede actuar por sí misma. Es decir, Cristosal es una alternativa, pero también hay otras alternativas que han sido colgadas en las redes por profesionales que han acudido de manera individual y que la ciudadanía puede retomar. En todo caso, creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar atentos al uso de nuestra información personal, de nuestros datos personales, eso que nos corresponde a nosotros y a nosotras, eso no puede estar circulando en el comercio, porque esto circula en el comercio de manera indiscriminada. Además llamo a la ciudadanía a que esté pendiente y esté verificando constantemente el uso de su información personal, pero además la actuación de las instituciones públicas. Nosotros vamos a poner a prueba el sistema. Vamos a ver si las instituciones públicas realmente garantizan o pretenden garantizar o van a garantizar los derechos de la ciudadanía y también vamos a ver cómo la Fiscalía General de la República procede en función de la protección de la información y, en definitiva, de los ciudadanos y las ciudadanas. No debería caber la posibilidad de que, simplemente, esta empresa por tener un origen estatal vaya a ser protegida por encima de los intereses de la ciudadanía.