Expresidente de BCR confirma que Bukele le pidió la renuncia

Nicolás Martínez dice que lo hizo por medio de Conan Castro. Eso vino después que reveló que el gobierno tuvo $1,643 millones para pandemia.

Expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Alfredo Martínez. Foto Archivo EDH

Por David Marroquín

Nov 13, 2020- 13:01

El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Nicolás Alfredo Martínez, pidió ayer amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras haber sido despedido luego de informar a la Asamblea Legislativa los millonarios recursos que dispuso el gobierno de Bukele para enfrentar la pandemia.

En su demanda de amparo contra el Consejo Directivo del banco, Martínez reveló que el presidente Nayib Bukele le pidió la renuncia al cargo del presidente del BCR a través del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

“Me hizo saber que requerían que abandonara el cargo por haber asistido el día previo a la sesión de trabajo a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, dentro del marco de la pandemia del COVID-19”.

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“Es este hecho en el que se basó el requerimiento presidencial de retirarme del cargo de Presidente del BCR; y posteriormente, de mi despido disfrazado de cierre de plaza”, señala Martínez en la demanda.

Asegura que días previos a la reunión en la comisión legislativa, varios ministros le pidieron “expresamente y sin ninguna argumentación técnica, en nombre del presidente Bukele, que no asistiera a la Asamblea Legislativa”.

El 16 de septiembre, el extitular del BCR reveló a la comisión especial legislativa que el gobierno tuvo $15 millones diarios de abril a agosto para hacer frente al COVID-19. También les informó que a las arcas del Estado ingresaron $1,643 millones y egresaron $1,036 millones, quedando un remanente de $606 millones en el referido período.

Según Martínez, comparecer ante los diputados es un mandato legal, pero eso le valió el cargo de presidente y luego fue despedido de la institución en la que trabajó por 23 años.

El 17 de septiembre pasado y después de concurrir a la Asamblea, Martínez “renunció” como presidente del BCR aduciendo “motivos de fuerza mayor”.

Sin embargo, conservaba la plaza de Senior Financiero, a la cual aspiraba a volver, pero le fue suprimida.

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Según explicó, a él le dieron permiso sin goce de sueldo en su cargo anterior para fungir como presidente de la referida institución, pero un mes después de haberse reincorporado lo despidieron.

Lo que pide Martínez a la Sala es recuperar su trabajo en el BCR “en vista de producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva, reinstalándome en mi cargo o en otro de similares funciones, ordenándose consecuentemente el pago de mi salario”.

En ese sentido, Martínez les pide a los magistrados constitucionalistas que ordenen de inmediato la suspensión del cierre de su plaza laboral como medida cautelar, mientras se tramita el proceso de amparo.

El exfuncionario señala en su demanda que el Consejo Directivo del BCR decidió cerrar “la plaza No. 1756 de Senior Financiero de la Gerencia de Operaciones Financieras, como medida orientada a la eficiencia y generación de ahorros en la ejecución presupuestaria del Banco Central de Reserva. Esta acción será vigente a partir del 4 de noviembre de 2020”.

Agrega que “esta Sala podrá advertir, que el Consejo Directivo del Banco Central de Reserva acordó cerrar la plaza No 1756, aunque en el acuerdo de mi reincorporación se me asignó la plaza No 1576, es decir, que se acordó cerrar una plaza distinta a la que se me asignó en el acuerdo No 280/2020 del 2 de octubre de 2020. Lo anterior evidencia la premura o la mala intención del acto de cierre de plaza”, señala.

Para Martínez, con tal acción se le ha violado el derecho a la estabilidad laboral, derecho de audiencia y defensa como manifestaciones del debido proceso. Además señala que esa decisión “carece de un proceso para realizar el cierre de plaza que garantizara mis derechos constitucionales a un debido proceso con posibilidad de ejercer mi defensa y a la estabilidad laboral”.

A su juicio, el cierre de su plaza es “un despido y dar por terminada mi relación laboral con el Banco Central de Reserva después de más de 23 años de servicio como represalia por mi actuar consecuente, al haber concurrido a la Asamblea Legislativa a brindar las explicaciones que esta institución requería” y que “la argumentación de la institución no tiene fundamento alguno, puesto que es ilógico pensar que una sola plaza de tantas que componen el BCR sea la única que requiere ser ‘cerrada’ para que el BCR logre mayor eficiencia y genere ahorros”.

 

 

 

 

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