El jefe de la Policía de Apopa, comisionado Víctor Manuel Herrera, será notificado esta mañana de la acusación en su contra por el delito de incumplimiento de deberes por haber hecho caso omiso a la orden de la Fiscalía General de desalojar a los sindicalistas de Astram que impedían el ingreso de los camiones recolectores de basura al relleno sanitario de Nejapa.
Para ello, el comisionado Herrera ha sido citado al juzgado de Paz de Nejapa para que le lean la acusación fiscal. Después de notificarle , el juzgado fijará la fecha de la audiencia inicial.
La negativa del jefe policial en cumplir con las órdenes de la Fiscalía provocó que el fiscal general Raúl Melara le advirtiera al director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas que se cumpliera con la orden de evitar el bloqueo a los camiones recoletores de basura por parte de sindicalistas o de lo contrario, podrían incurrir en responsabilidades penales.
Sin embargo, esas responsabilidades penales recaerán solo en el jefe de la Policía de Apopa y no en el Director de la Policía, tal como lo advirtió Melara.
“Las limitaciones al libre tránsito y la puesta en riesgo de la salud pública, provocó que la Fiscalía General de la República a través de la Oficina Fiscal de Apopa entregara el día 3 de octubre de este año, dos documentos dirigidos al Jefe de la Delegación San Salvador Norte de la Policía Nacional Civil”.
En los documentos enviados al comisionado Herrera se le pide que “tomará las medidas de seguridad a fin de evitar que continuara la limitación a la libre circulación, y que garantizara de manera permanente que los camiones con basura recolectada del área metropolitana de San Salvador, pudiera ingresar al relleno de desechos sólidos de MIDES”.
Como Herrera no cumplió con la orden fiscal tal como se lo señala la Constitución y otras leyes secundarias, para los fiscales del caso ” lo hicieron incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado en el Art. 321 del Código Penal”, señala el ente fiscal.
Las investigaciones fiscales apuntan a que entre el 28 de septiembre y el 6 de octubre de este año, sindicalistas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram) mantuvieron un “cierre sistemático” del relleno sanitario, situado en Nejapa y propiedad de la empresa privada MIDES.
Durante el cierre, los sindicalistas no permitieron el ingreso de los camiones recolectores de basura de la alcaldía de San Salvador.
La medida de los sindicalistas provocó que se acumularan promontorios de basura en la ciudad capital, lo que puso en riesgo la salud de los capitalinos.
A juicio de la Fiscalía, se pudo establecer que el bloqueo a los camiones fue “sistemático y selectivo” , debido a que únicamente no permitían el ingreso de los camiones de la alcaldía de San Salvador.