Diez personas capturadas entre la tarde del domingo y madrugada del lunes anterior, bajo cargos de asociaciones ilícitas y tráfico ilegal de personas, enfrentarán esta mañana la audiencia de imposición de medidas, en el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) en su cuenta de Twitter.
Los imputados son los hermanos José Rafael y Juan Francisco Escobar Martínez, el primero señalado de ser el cabecilla de la estructura delincuencial, en tanto que el segundo, como el encargado de la logística en El Salvador.
Como parte de la estructura criminal, la Fiscalía también señala al subinspector Edgar Vladimir Prado Ortiz, quien al momento de ser capturado se encontraba en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en el curso de ascenso al grado de inspector.
Así también, Prado Ortiz funge como Director de la Escuela Penitenciaria, dependencia de la Dirección General de Centros Penales, que se encarga de formar a los custodios del sistema penitenciario de El Salvador, según el sitio Portal de Transparencia y la oficina de comunicaciones de Centros Penales.
Como parte de la red criminal, la Fiscalía también señala a la abogada y notaria Evelyn Mercedes Gavarrete Molina, cuya función era la de promotor o intermediario, según el organigrama divulgado por la Fiscalía.
Con esa misma función aparece Carlos Hernández González, oriundo del municipio de Ilobasco, quien por varios años se desempeñó como concejal de la alcaldía de ese municipio. Su último período como parte de ese gobierno municipal fue entre el 2015-2018, de acuerdo con documentos oficiales.
Según la Fiscalía, la banda despojaba a sus víctimas de propiedades y bienes, que recibía en calidad de pagos para trasladarlos de manera ilegal hacia Estados Unidos por cantidades que oscilaban entre los 5,000 y 11,000 dólares.
Las operaciones de esa organización se extendieron en municipios como El Carmen, San Rafael Cedros y Cojutepeque, en Cuscatlán; Ilobasco en Cabañas; San Salvador y El Porvenir en Santa Ana.
El día que los sospechosos fueron capturados, la Fiscalía les decomisó más de 12,000 dólares en efectivo y siete vehículos, entre estos uno con sistema de blindaje.
Casas y carros de lujo… y viajes
De acuerdo con imágenes divulgadas por la Fiscalía durante el operativo de captura de la supuesta estructura criminal, las casas de algunos implicados tenían hasta piscinas, además de vehículos de años recientes.
De acuerdo con documentos oficiales, José Rafael Martínez Escobar, el supuesto cabecilla, reside en el municipio de El Carmen, departamento de Cuscatlán.
En cuanto al oficial de policía y funcionario de la Dirección de Centros Penales, este en su cuenta de Facebook tiene publicadas fotos de supuestos viajes por París, Cancún, Viña del Mar, como turista.
En cuanto a su perfil laboral, fuentes policiales detallan que Prado Ortiz ingresó a la Policía Nacional Civil, en el nivel básico (de agente a sargento) y por mucho tiempo se desempeñó como investigador.
El currículo del funcionario detalla que es abogado y notario, cursante de una Maestría en Criminología. Y, entre otras cosas, también destaca el curso de Liderazgo para Aplicadores de la Ley, impartido por la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés), que es la academia de capacitación avanzada para profesionales del orden público, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según el sitio www.roswell.ilea.state.gov
Como experiencia laboral destaca haber sido jefe de la Sección de Investigaciones de Delitos Patrimoniales en Santa Tecla y San Salvador y coordinador de la Unidad de Seguridad e Investigaciones de la Dirección General de Centros Intermedios del Ministerio de Justicia, además de una larga trayectoria como investigador.
Junto a Prado Ortiz, la Fiscalía también capturó a otro investigador policial a quien identifica como José Óscar García Díaz.