El 2021 queda marcado por el inició de la era del Bukelismo en la Asamblea Legislativa y con ello el fin al debate debate legislativo para la aprobación de leyes y el seguimiento al debido proceso para la formación de éstas. Es decir, la Asamblea de Bukele se ha caracterizado por aprobar leyes inconsultas, contrarias a la Constitución y poco transparentes.
Así lo afirmaron fuentes consultadas por este medio. Por ejemplo, en el marco de los seis meses de la nueva legislatura, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dijo que “con sus acciones, la Asamblea Legislativa ha apoyado el autoritarismo del gobierno, ha eliminado la posibilidad de un debate legislativo para la aprobación de leyes. Simplemente han sido una caja de resonancia, voceros del presidente de la República”.
La directora anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López subrayó que la Asamblea se ha caracterizado por la falta de debate y que “esto permite la imposición desde otros ámbitos (el Ejecutivo) de las decisiones que se adoptan, propio de un régimen autocrático”.
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Y es que en el segundo semestre de este año, los diputados del oficialismo ademas de aprobar con inmediatez proyectos de ley que provienen de la Presidencia, también han avalado leyes sin participación ciudadana y sin medir consecuencias económicas, sociales o políticas.
De hecho, la primera medida de los diputados del oficialismo aquel 1 de mayo cuando tomaron posesión de sus cargos fue aprobar la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A esa destitución siguió poco después también la del fiscal general Raúl Melara. Ambas sin respetar el debido proceso establecido en la Carta Magna.
La moción fue presentada por la vicepresidenta de la Asamblea recién instalada, Suecy Callejas, con dispensa de trámite, es decir, sin ser discutida en las comisiones.
El argumento de los legisladores coincidió con las acusaciones que Bukele lanzó contra dicha Sala por haber frenado decretos relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria. No obstante, un abogado constitucionalista, que pidió no ser identificado, explicó en esa ocasión a este medio que “al destituirlos sin el debido proceso y sin oírlos, es como si la Fiscalía llegara a un juzgado a decir ‘vengo a denunciar a alguien’ y pide la condena inmediata”.
Durante los casi dos años de gobierno, esta Sala fue uno de los filtros para detener los abusos de poder del gobierno de Bukele y tras la destitución se perdió la separación de poderes en el país.
Luego de eso, en la segunda sesión plenaria del 5 de mayo, la Asamblea Bukelista dio otra sorpresa al aprobar sin previo debate en comisión y con dispensa de trámite la tan polémica “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de covid-19”.
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Los legisladores argumentaron que era una herramienta necesaria para prevenir más muertes por el covid-19. Sin embargo, para el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, la ley fue aprobada para dejar en la impunidad todas las demandas presentadas en la Fiscalía contra funcionarios por malos manejos de la pandemia.
Durante la medianoche del 9 de junio, los diputados bukelistas dieron luz verde a la tan cuestionada ley que reconoce como moneda de curso legal el bitcoin.
La ley fue aprobada en medio de algunos señalamientos de los partidos de la oposición que advirtieron los riesgos que podría implicar esta ley por los cambios de precios del bitcoin en el mercado de criptomonedas y por la facilidad de la moneda para el lavado de dinero.
De hecho, el abogado Óscar Artero presentó una demanda de inconstitucionalidad por considerar que se elaboró bajo procedimiento “viciado y perverso que carece de legalidad”.
Artero coincidió con el abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien señaló que la ley incumple todas las reglas constitucionales porque no hubo estudio previo, no hubo debate público al respecto.
Otra ocasión en la que se aprobó una ley sin debate público fue el 31 de agosto, cuando los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados votaron a favor de expulsar de forma automática al menos a un tercio de los 690 jueces de todo el país, y a decenas de fiscales.
irregulares en pandemia, según los abogados. Foto EDH / Archivo
El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, solicitó ante el pleno legislativo una reforma a la Ley de la Carrera Judicial con dispensa de trámites a las 5:03 p.m. Dicha reforma ampliaba las facultades a la CSJ de hacer traslados y obligó a “magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz” que tengan 60 años o más a cesar “inmediatamente en el ejercicio de sus funciones” y fue aprobada a las 6:10 p.m. Es decir, en menos de dos horas.
La reforma fue calificada como un segundo golpe de gran envergadura a la independencia judicial por la sociedad civil. Mientras que el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, la calificó como un “tiro de gracia a la independencia judicial”.
Tres meses después, el 22 de noviembre en una discusión que no tomó media hora, la comisión de Legislación y puntos constitucionales aprobó de manera exprés, el proyecto de ley que abre las puertas para expropiar bienes inmuebles y terrenos privados cuando estos hayan sido declarados de interés público o de interés social.
En la sesión plenaria del siguiente día (23 de noviembre) la bancada oficialista aprobó la “Ley de dominio eminente de inmuebles para obras municipales e institucionales” la cual facilita la expropiación de bienes inmuebles que la Dirección de Obras Municipales (DOM) requiera para fines que determine de interés público.
Al respecto, el economista Rafael Lemus consideró que, el procedimiento “es delicado”, y recordó que en la Constitución de la República “siempre se había hecho para obras de interés nacional” y que en este “había una especie de entendimiento con el dueño y la institución de gobierno y eso tomaba su tiempo hasta que el propietario quedaba conforme más o menos con la indemnización”.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya advirtió que la nueva ley pretende expropiar los inmuebles cuando así lo requieran las autoridades. “En realidad, expropiarán casas y terrenos, los invadirán y el dueño solo se queda peleando cuánto le darán”, escribió Anaya en Twitter.
Ante este panorama legislativo, Wilson Sandoval, explicó que “el común denominador de todas estas leyes es que no siguieron el debido proceso de formación y que no tienen participación ciudadana”.
“Indudablemente frente a un examen independiente de la Sala de lo Constitucional las leyes fuesen declaradas contrarias a la Constitución, es decir, inconstitucionales, son leyes inconsultas y también leyes que poco o nada llevan de transparencia y de rendición de cuentas frente a la ciudadanía, ejemplo de ello es la Ley Bitcoin”, concluyó.