Fiscalía usó fondos de CONAB con otro fin, no para investigar

Auditoría dice se destinó $74,814 a ese centro en vez de fortalecer la investigación contra el crimen. Es uno de los cinco hallazgos de la auditoría de la Corte de Cuentas a la gestión de Douglas Meléndez.

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El Centro de Capacitación y Desarrollo Institucional de la Fiscalía está en Apaneca, Ahuachapán. La fotografía corresponde a la inauguración del mismo. Foto EDH Archivo

Por David Marroquín

2020-11-25 7:39:32

La Fiscalía General utilizó $74,814 de fondos traspasados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) de manera indebida, ya que los ocupó para equipar el centro de capacitación y desarrollo institucional en vez de destinarlos a mejorar la capacidad de investigación de unidades especiales contra el crimen organizado y el narcotráfico, según revela un informe de auditoría de la Corte de Cuentas.

El hallazgo anterior fue detectado en el examen financiero realizado a la gestión del ex fiscal general, Douglas Meléndez en el período de enero al 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, los auditores no lo responzabilizan a Meléndez sino que al entonces Gerente General.

En el informe final de dicha auditoría se destaca que destinaron $19,840 a equipar el referido centro, situado en Apaneca, sin dar detalles del equipo adquirido. También que invirtieron $11,202 en compras de cafeteras, refrigeradoras de 10 y 14 pies, juego de comedor para seis personas, juego de sala, un camarote metálico y colchones.

En el detalle de compras para el centro de diversión aparece una barbacoa de 21 pulgadas, muebles multiusos, equipo de sonido con ocho bafles, dos amplificadores y dos micrófonos. Además de máquinas para ejercicios, 280 unidades de cerámica en maya para piso, espejos bocelados, servicio de cable de TV y restauración de área verde.

La Ley Especial de Extinción de Dominio le otorga a la Fiscalía General el 35 por ciento del dinero y los bienes confiscados a la delincuencia organizada, pero estos bienes tienen que ser destinados a mejorar la capacidad de las áreas especializadas encargadas de la investigación de delitos de narcotráfico, lavado de dinero, extinción de dominio entre otros.

De la irregularidad detectada los auditores señalan en el informe como responsable al Gerente General que fungió en el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, debido a que este “adjudicó mediante la modalidad de libre gestión la adquisición de bienes, servicios y activo fijo” para el equipamiento del referido centro con el fondo especial de los bienes extinguidos.

Además, dicen, autorizó “la utilización de recursos con finalidad diferente a lo establecido en la Ley”.

Según los auditores, esa “deficiencia ocasionó disminución de recursos disponibles del Fondo Especial de Dinero y Rendimientos de la Enajenación de los Bienes Extinguido (Fondos CONAB) para las Unidades Especializadas de la FGR, enunciadas en la Ley”.

La Fiscalía, en su manual de organización y funciones, define que la unidad fiscal especializada de delitos de crimen organizado es la responsable de la investigación de los delitos graves derivados de la delincuencia organizada que representan un grave riesgo para la sociedad salvadoreña.

Y el proyecto “Construcción, Adecuación y Mejoras del Centro de Formación y Bienestar Institucional” no está destinado para uso exclusivo de las unidades especializadas de investigación del crimen organizado de la institución, según establecieron los auditores.

Agregaron que contrario a ese fin, el centro “tendrá impacto directo en las 19 oficinas fiscales a nivel nacional, tanto en las unidades especializadas, así como en las demás que conforman la institución; con una población directamente beneficiada que incluye no sólo al personal especializado, sino también al operativo y administrativo”.

En 2018, la Fiscalía impartió nueve capacitaciones a 218 empleados en las instalaciones del referido centro, entre personal fiscal y administrativo.

“Los eventos de capacitación desarrollados en el recinto, no se destinan exclusivamente para la formación de personal de áreas especializadas de la FGR”, dice el informe.

El gerente general de la Fiscalía General de esa época justificó el uso de los fondos traspasados por el CONAB en que era “preciso fortalecer la formación y salud mental del personal de la institución, implicando con ello que se debe dar prioridad a invertir en la obtención de condiciones favorables para una enseñanza-aprendizaje efectivas que incrementen sus conocimientos y habilidades para el desempeño de las funciones ante el flagelo del crimen organizado que nos acecha como sociedad salvadoreña”.

Además aseguró que se usó ese dinero porque “los recursos asignados no cubrían la necesidad total por las condiciones de las instalaciones de los inmuebles recibidos en donación por el CONAB, solamente la inversión de la infraestructura nueva, fue necesario hacer uso de los fondos asignados por el CONAB, para completar las inversiones de adecuaciones, mobiliario y equipo que complementaban el proyecto antes descrito y garantizar condiciones adecuadas para la estadía del personal de la FGR en las instalaciones”. El monto del proyecto era de $357,600.

Otra de las irregularidades halladas fue que la empresa a la que le adjudicaron el contrato no presentó el desglose de precios unitarios que permitiera cuantificar la obra ejecutada que se estaba cancelando.

Señalan los auditores que la falta de ese desglose fue “una limitante para que el técnico asignado por la Corte de Cuentas determinara la obra física ejecutada y la razonabilidad del costo de la misma”.
Otros hallazgos

Mientras que al ex fiscal Douglas Meléndez le cuestionan que no haya remitido a la Dirección Financiera Institucional la documentación de bienes digitales, donados por la embajada de Estados Unidos en 2018, para que se hiciera los registros correspondientes. Estos bienes tenían un valor de $287,417.

Meléndez argumentó a la Corte que la unidad beneficiada con las donaciones era la que tenía que notificar a la Dirección Financiera Institucional. “Dichos bienes están en uso y resguardo de la FGR no existe ningún tipo de afectación a la institución”, justificó Meléndez.

Los auditores también cuestionaron la adjudicación de las pólizas de seguro médico hospitalario y colectivo de vida por $419,581 y $2,688,823 respectivamente, a empresas que debieron ser descalificadas del proceso, debido a que no cumplieron con alguno de los términos de referencia establecidos en las bases de licitación.

Los responsables fueron los cinco miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) por no realizar la evaluación conforme a lo establecido en las bases de licitación, según los auditores de la Corte de Cuentas.