Los integrantes de la mara Salvatrucha que operaban en la zona del volcán de San Salvador, tenían como rutina interceptar e interrogar a toda persona que no fuera de la zona. Si esa persona no era familiar o conocido de algún habitante era privada de libertad y luego desaparecida.
El viernes 24 de mayo de 2019 al mediodía tres trabajadores de una empresa dedicada al mantenimiento y construcción de piscinas llegaron en un camión, por segundo día consecutivo, a botar ripio y tierra en un terreno en el cantón Álvarez, en el kilómetro 16 y medio de la calle a El Boquerón.
Cuando Neftalí Castro Melgar, Jorge Cisneros y Matías Palacios se encontraban descargando el camión, tres mareos se acercaron al más joven de ellos y le pidieron que los acompañara. Se lo llevaron con el fin de interrogarlo para verificar quién era y dónde vivía.
Mientras eso pasaba, otro pandillero había recibido una llamada con la orden de estar pendiente desde una venta de frutas (hacer de poste) e informar de cualquier movimiento de personas particulares y en especial de la Policía, porque iban a dar una “pegada”, es decir que iban a cometer un hecho delictivo.
Para informar de cualquier “movimiento” el pandillero se comunicaba con los demás de la clica “Cacasquera” a través de un grupo de chat que habían creado en Telegram, una plataforma de mensajería considerada de las más seguras y con mensajes encriptados.
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Unos minutos después, dos pandilleros regresaron y se llevaron a los otros dos trabajadores que aún estaban descargando el material del camión. Ante la pregunta de una supuesta colaboradora de la mara, que para dónde los llevaban, ellos contestaron que iban a preguntarles de dónde eran.
A través del grupo de Telegram los mareros hicieron una llamada donde informaban que habían raptado a los tres hombres, todos los que estaban en la llamada podían escuchar que estaban cuestionando a uno de los trabajadores sobre su procedencia y si pertenece a alguna pandilla, uno de los mareros dijo: “Yo voy a matar a este”, luego se escucharon golpes.
De forma anónima una persona informó al sistema del 911 que sujetos de la mara se habían llevado a unos hombres que estaban botando ripio en la calle El Boquerón. Un grupo de policías hizo un rastreo en la zona, sin lograr localizar a las víctimas.
Por la tarde, el sujeto que estaba encargado de informar de todos los movimientos, recibió la orden de llevar junto a otro marero un azadón para la zona que le llaman “la casa abandonada” en la Colmenera.
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En ese lugar, unos 18 mareros armados con un AK-47, algunos con ropas oscuras, habían amarrado de manos y pies a los tres trabajadores quienes yacían en el suelo, uno de los obreros estaba golpeado y tenía el rostro ensangrentado.
El encargado de estar pendiente de los “movimientos” junto a dos mujeres, una de ellas compañera de vida de uno de los mareros, siguieron informando hasta la madrugada del siguiente día, mientras los mareros realizaban “la pegada”.
Horas más tarde el camión fue localizado en el kilómetro 25 de la carretera que conduce de El Boquerón hacia Quezaltepeque.
Por este hecho, el Juzgado 2º de Paz, envió a prisión, mientras sigue el proceso de investigación, a 22 supuestos integrantes y colaboradores de la mara Salvatrucha, acusados por el delito de privación de libertad agravada.
El fiscal del caso expresó que tienen suficientes indicios probatorios para sostener la acusación, entre ellos, análisis de bitácoras de llamadas telefónicas.
Por su parte, Raymundo García, abogado defensor de tres de los acusados, dijo que en la investigación no hay una fuente más allá de un testigo criteriado que menciona una posible participación de sus defendidos, sin detallar la implicación de cada uno de ellos en cuanto a la privación de libertad.
El abogado lamentó que en la audiencia no se valoraron los arraigos que él presentó de las personas que defiende.
Uno de los defendidos por García será procesado en un juzgado de menores después que el abogado presentó prueba de que el joven tenía 17 años, cuando fue cometido el hecho.
Los acusados fueron capturados durante un operativo el viernes pasado, entre ellos Carlos Manuel Hernández, señalado por las autoridades como el corredor de la clica.
Ese mismo día la Fiscalía informó que las víctimas aún no han sido localizados.
Los familiares aunque han pasado dos años y seis meses desde la desaparición no pierden la esperanza de encontrar, aunque sea los restos, y de esa forma aliviar su dolor e incertidumbre.
“Yo le pido a las autoridades que encuentren a mi hijo de la manera que sea, yo espero que Dios les ayude a encontrarlo” dice desconsolada la madre de uno de los desaparecidos.