Los diputados del grupo parlamentario de ARENA, Mauricio Vargas, René Portillo Cuadra y Marta Evelyn Batres hicieron una denuncia pública sobre la injerencia que están teniendo asesores venezolanos en las decisiones del país.
“Hoy se suma la injerencia extranjera en las decisiones de El Salvador, esto es muy grave, reconocido por el Gobierno cuando dijo que tienen asesores venezolanos en Casa presidencial, y hay una denuncia de los que manejan el laboratorio de Salud, que les suspendieron ciertas pruebas y los resultados de esas pruebas”, manifestó el diputado Vargas.
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Agregó que el problema no son los subregistros (de los casos de COVID-19), sino que personas extranjeras estén interviniendo en las decisiones internas de El Salvador y en su institucionalidad.
El parlamentario Mauricio Vargas expuso ante la comunidad diplomática del país y a la población que están preocupados por la profundización de la crisis institucional en El Salvador debido a los recientes y constantes ataques de parte del Gobierno a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Corte de Cuentas de la República (CCR).
“Hay que ponerle mucha atención a la crisis institucional que está siendo exacerbada de una o de otra manera, está siendo violentada de una o de otra manera”, dijo el diputado Vargas.
Añadió que la denuncia fue del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sitrasalud) y reconocido por el mismo Gobierno de la República, al dar a conocer que Lester Toledo y Miguel Sabal, quienes no solo están interviniendo en decisiones de Salud sino en la distribución que se realizó del bono de $300 y de las canastas familiares.
El pasado 11 de junio, la Unidad de Sindicatos y Asociaciones de Trabajadoras y Trabajadores de Salud Pública de El Salvador (Ustraspes) emitió un comunicado donde exponía que, a pesar de que existía una autorización del ministro de Salud, Francisco Alabí, de realizar pruebas de COVID-19 a personal de salud con síntomas de la enfermedad o en cuarentena, Miguel Arvelo, de nacionalidad venezolana y veterinario de profesión, tomara la decisión de interrumpir dichas pruebas.
También denunciaron que a Arvelo lo acompaña a los laboratorios especializados Max Bloch y al de San Miguel, otro venezolano de nombre Miguel Sabal, “haciéndose llamar asesores del presidente (de la República) a acosar y maltratar a los trabajadores de los laboratorios, quienes están en la primera línea de esta batalla”, dice el comunicado.
El pasado 11 de junio, la comisionada presidencial Carolina Recinos, admitió la contratación de asesores venezolanos en el Gobierno, dijo que no toman decisiones, pero no aclaró cuáles son sus funciones.
“En todos los países del mundo, en muchísimas instituciones, en determinadas situaciones, se necesitan asesores, por su experiencia, porque son ayuda de calidad, en determinados momentos”, manifestó la funcionaria, sin aclarar cuál es el asesoramiento que realizan los venezolanos.
“Exigimos el respeto a la institucionalidad, porque no es posible que extranjeros estén tomando decisiones en la política de El Salvador, en la institucionalidad de El Salvador, y van a salir otro tipo de problemas, por eso queremos alertar…”, sostuvo Vargas.