La Asamblea aprobó anoche ampliar el subsidio a los transportistas un año más y subirles el monto de $400 a $500 mensuales para cada unidad de autobús y de $200 a $250 mensuales para microbuses, a cambio de que no usen sus vehículos para trasladar a personas cuya intención sea participar de marchas o manifestaciones públicas.
El subsidio al transporte público para no incrementar el pasaje a la población saldrá de un impuesto en concepto de “contribución especial” de $0.10 centavos por cada galón que se aplicará a la venta o cualquier forma de transferencia de propiedad de diésel, diésel bajo en azufre, y gasolinas regular o especial, que realicen importadores o refinadores, según una petición hecha por el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
“En el caso de personas naturales o jurídicas que importen directamente dichos productos para su propio consumo, la contribución se generará en el momento que dichos productos ingresen al país”, reza el dictamen leído en el pleno.
Con ese nuevo tributo, el gobierno incrementará de $400 a $500 mensuales la compensación que paga a los transportistas del sector público por cada autobús que circula trasladando pasajeros y el de microbuses se incrementa de $200 a $250 al mes.
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Los recursos irán al Fondo General del Estado por parte de los agentes retenedores durante los tres días hábiles posteriores al cierre del mes en que se efectúe la venta, quien no lo haga será sancionado por el Ministerio de Hacienda con una multa equivalente al 100% de la contribución que retuvo.
Se excluyen del subsidio el servicio de transporte especial de pasajeros, es decir, bajo la modalidad de transporte de personal, escolar, de iglesias, aeroportuario y turismo, autorizado por la Dirección General de Transporte Terrestre.
Sin embargo, para poder recibir el subsidio los transportistas deben cumplir con varios requisitos, entre ellos, contar con un sistema de GPS y compartir esa información en tiempo real al Viceministerio de Transporte; usar un sistema de recaudo electrónico para el cobro de la tarifa autorizada al usuario; someterse a revisiones técnicas vehiculares y de emisión de gases, cada seis meses; encontrarse solvente de pago de esquelas por infracciones de tránsito, tanto el concesionario como el permisionario y el vehículo.
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Además de contar con conductores autorizados; cobrar al usuario la tarifa previamente autorizada por la autoridad competente “en cualquiera de las monedas de curso legal”, siendo así también incluiría pago con Bictoin; avisar a la Dirección General de Transporte Terrestre en caso de suspensión del servicio por más de 8 días calendario en un mes ya sea por reparaciones mecánicas de la unidad o cualquier otra causa justificable provocada por caso fortuito o fuerza mayor.
Entre las causales de suspensión del subsidio a los transportistas se encuentran presentar documentación o información ostensiblemente falsa o alterada, con el fin de obtener el pago de la compensación; participar o promover directa o indirectamente desórdenes en la vía pública utilizando las unidades para interrumpir el tránsito con ocasión de movimientos, marchas, manifestaciones o cualesquiera disturbios similares.
Cabe recordar que en las marchas convocadas por la sociedad civil, varios buses fueron contratados para trasladar personas desde el interior del país a San Salvador para manifestarse en contra de las políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele, pero fueron detenidos por la Policía.
Otras causales son no tomar las medidas o acciones necesarias a fin de evitar la suspensión del servicio en caso de paros o suspensión de labores por parte de los motoristas y garantizar la prestación del servicio.
De concurrir con cualquiera de las causales antes mencionadas la suspensión del pago de la compensación será por el plazo de un mes, si es reiterado será de dos meses y si a causa del incumplimiento de la obligación induzca a un accidente de tránsito en el que resulten víctimas con lesiones graves, muy graves o víctimas mortales, la suspensión será durante tres meses.