Los legisladores de la oposición política calificaron de “otro golpe de Estado”, la retención de los salarios de septiembre a los empleados y diputados de la Asamblea, por lo que solicitaron también a la Fiscalía que investigue al Ministerio de Hacienda y a los funcionarios que la conducen, por el posible cometimiento de delitos tipificados en el Código Penal como “incumplimiento de deberes y actos arbitrarios”.
“Es un autogolpe de nuevo, moderno, cool, que actúe el fiscal en este caso porque podría cometer omisión, también a la Corte Suprema que emita medida cautelar por el recurso de amparo que pusieron los empleados, no se puede estar en una anarquía”, explicó Emilio Corea, de ARENA.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, informó durante el pleno que en la madrugada envió aviso a la Fiscalía para que indague al Ministerio de Hacienda por el posible cometimiento de tres delitos tipificados en el Código Penal con sanción de cárcel de entre dos a seis años e inhabilitación del cargo por igual periodo.
“Que con expresas instrucciones y fundamentado en los artículos 260 y 264 del Código Procesal Penal, particularmente lo contenido en los artículos 191 y 193 de la Constitución de la República, por este medio vengo a dar AVISO a esta digna institución, por la presunta comisión de diversas conductas que podrían constituir eventualmente delitos, de diversa naturaleza, como los de ATENTADOS RELATIVOS AL DERECHO DE IGUALDAD, Art. 292, ACTOS ARBITRARIOS, Art. 320 e INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, Art. 321, todos del Código Penal”, reza el aviso enviado a la Fiscalía por parte de la Asamblea.
Según los parlamentarios de la oposición, que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, no cumpla con el pago de las remuneraciones que, por ley está obligado a honrar, no se debe a la falta de dinero como el funcionario lo hace ver ante la opinión pública, sino “por un chantaje y extorsión” hacia la Asamblea para presionar a los diputados a que aprueben los préstamos que faltan por autorizar para la pandemia por $350 millones de un total de $3,000 millones que ya le fueron avalados al Gobierno.
Yanci Urbina, del FMLN, cuestionó que existe una “acción deliberada de retener el salario” de los trabajadores y el Fodes (Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios) a los alcaldes, algo que calificó de “ilegal”.
Según dijo, el gobierno está “reprimiendo” a todas las entidades que tienen una opinión diferente al Ejecutivo, entre ellas, la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia.
“Se convierte en una herramienta política para inhabilitar operativamente a este Órgano de Estado, ya lo hizo el 9 de febrero con armas y con él (presidente Nayib Bukele) a la cabeza cuando militarizó esta Asamblea Ahora utiliza la herramienta del poder del Estado y del presupuesto para amedrentar a este Órgano de Estado”, manifestó Margarita Escobar, de ARENA.
Cristina Cornejo, del FMLN, expresó que Hacienda alega que no tiene recursos para pagar salarios de los trabajadores legislativos, pero sí para cancelar los sueldos de hasta $8,000 de los funcionarios de alto nivel del Gobierno.
“Más de $2,300 millones se han aprobado en cinco meses de pandemia, la pregunta es: ¿dónde está ese dinero? Esto es un nuevo intento de golpe de Estado por parte del Ejecutivo a la Asamblea por no hacer lo que el presidente de la República quiere que haga, es un alargamiento de lo que pasó el 9 de febrero”, criticó Cornejo.
En el aviso que envió la Asamblea a la Fiscalía se detalla la presunción del cometimiento de delitos penales por parte del Ministerio de Hacienda, por lo que solicita que “inicie la investigación respectiva, se pueda determinar la existencia de ilícitos penales, y a la vez poder individualizar a los involucrados”.
En la relación circunstancia de los hechos, la Asamblea revela que dejan en evidencia que el Tesorero Institucional de la Asamblea se comunicó insistentemente a través de correo electrónico con personeros del Ministerio de Hacienda para hacerle del conocimiento las fechas y el monto de los compromisos que la Asamblea tiene para septiembre.
La Asamblea anexó en su aviso el detalle de las erogaciones que deben realizar en septiembre. Para el pago de salarios son $3.7 millones; para la cancelación de bienes y servicios prestados por proveedores con saldos al 29 de septiembre son $816,450; para un total de $4.5 millones de compromisos adquiridos que no se han podido honrar.