No hay declaratoria de emergencia por lo que los alcaldes no pueden ampararse en esa situación para hacer compras directas sin pasar por el control de la ley Lacap informaron los diputados Mario Ponce, del PCN y Norman Quijano, de ARENA, debido al limbo jurídico en que han quedado a raíz de que los decretos legislativos han sido vetados por el presidente Nayib Bukele y, la Sala de lo Constitucional dice, que los decretos ejecutivos no tienen validez legal sino están respaldados por una normativa aprobada por la Asamblea.
“Los alcaldes han estado llamando a la Asamblea preguntando si ellos pueden comprar de forma directa, lo que la Asamblea a través de la Junta Directiva ha determinado es que se sacará un comunicado manifestando a los 262 alcaldes que tienen que sujetarse a lo que ya norma la Ley Lacap, mientras no exista un decreto legislativo emitido por la Asamblea de cualquier compra de forma directa es ilegal, para que no vayan a caer en situaciones patrimoniales, administrativas o hasta de responsabilidad penal”, manifestó Ponce.
Gobierno amplía cuarentena con decreto de dudosa legalidad
Según dijo el comunicado va en el sentido de orientar que el Órgano Legislativo está haciendo su trabajo y alertando que no se pueden hacer compras directas, sino siguiendo los pasos que ya determina la ley.
El diputado Norman Quijano, de ARENA, dijo que el punto único de la reunión de la Junta Directiva de la Asamblea era abordar la inseguridad jurídica en la que se encuentra el país, “viendo con preocupación que la Sala ha estado un poco inactiva, todos hubiéramos esperado una medida cautelar sobre el decreto Ejecutivo 29”, dijo el legislador.
Reynaldo Cardoza, del PCN, dijo que en la reunión decidieron acompañar como partido político la decisión de la Junta Directiva de decirles a los alcaldes, que ante la falta de un decreto de emergencia vigente, “no pueden estar haciendo uso de los fondos porque no hay una emergencia, (uso) de los fondos para compras directas que los alcaldes han estado haciendo”, opinó el parlamentario.
El limbo jurídico ha provocado incertidumbre entre los alcaldes por lo que han estado preguntado a la Asamblea cómo actuar en este caso, que casi es la misma inquietud que tiene la ciudadanía en general sobre salir o no de acuerdo al número de DUI, aunque el Ejecutivo reitera que la cuarentena domiciliar es obligatoria hasta el 15 de junio de acuerdo al decreto ejecutivo número 29, que ha sido el último que ha emitido el Gobierno.