El informe parcial de la comisión especial que investigó el manejo de la pandemia llegó a 14 conclusiones y varias recomendaciones, entre ellas, pedirle al presidente Nayib Bukele, que destituya al ministro de Salud, Francisco Alabí, por las “irregularidades” encontradas por los diputados tras escuchar a varios ministros y funcionarios públicos que fueron entrevistados por los legisladores.
A la presidenta del ISRI y a la directora del centro de atención de ancianos Sara Zaldívar le recomiendan “que tengan el control de la institución de la cual están al frente y que bajo su única responsabilidad está la vida de los residentes del centro, ya que es inconcebible que hasta esta fecha no se sepa el paradero de más de 50 adultos mayores que estaban bajo su estricta tutela”. Sobre esta situación acordaron enviar informe a la Fiscalía para que indague el posible cometimiento de delitos.
La recomendación a Bukele de destituir al Ministro de Salud, se debe a que el Ministerio de Turismo contrató para centro de contención una casa propiedad de un primo de Alabí.
Por este caso, la recomendación se hace “por conflicto de intereses”, ya que, según reportes presentados por la titular del ramo, Morena Valdez, esa institución contrató en tres ocasiones durante un mes propiedades del familiar del Ministro de Salud, por un monto de $18,850.
“Dicho parentesco fue confirmado por el titular de la cartera de Salud, José Francisco Alabí Montoya, en el marco de su comparecencia a la comisión especial. Asimismo, fue la funcionaria Morena Valdez, quién durante su declaración, expresó que el Ministerio de Turismo solo contrataba centros de contención, que eran validados o autorizados por el Ministerio de Salud”, reza el informe parcial.
También concluyen en que hubo manipulación de los datos sobre personas fallecidas por COVID-19; que se violaron derechos humanos en los centros de contención; que hubo actos de corrupción en el traslado de $25 millones del Seguro Social para el Hospital El Salvador; y que Obras Públicas incumplió el plazo que tenía para terminar la fase III del hospital especial para casos COVID, entre otros aspectos.
“(Se recomienda al presidente Nayib Bukele) La destitución del Ministro de Salud (Francisco Alabí) por las irregularidades encontradas y el conflicto de intereses”
“El Órgano Ejecutivo realizó de manera sistemática acciones irregulares que afectaron el tratamiento, prevención y combate de la pandemia; se determina que el gobierno central no tuvo ni tiene a la fecha un plan de manejo integral de la pandemia; la administración del presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Salud, mintió, manipuló y tergiversó a su conveniencia los datos relacionados a la cantidad de personas fallecidas, de casos confirmados y de pruebas realizadas de COVID-19 durante la pandemia”, son otras conclusiones.
Expresan que el Seguro Social brindó al Ejecutivo un préstamo de $25 millones para el Hospital El Salvador, sin que la ley Orgánica del ISSS lo permita, y que quedó en evidencia que hasta el momento no se ha definido la forma en cómo pagará el gobierno ese préstamo.
“El gobierno del presidente Nayib Bukele utilizó las cadenas nacionales de radio y Televisión para exagerar y manipular las proyecciones matemáticas de la evolución de la enfermedad, lo anterior con el objetivo de infundir miedo y terror para intentar de disciplinar a la población”, reza parte de las conclusiones.
Señalan que el personal de primera línea que falleció a lo largo de la pandemia se contagió debido a que el Ministerio de Salud y el ISSS no les dotó del equipo de bioseguridad necesario e idóneo para la atención de pacientes que adolecían de COVID-19.
Que el MOP incumplió el plazo para la entrega del proyecto de construcción de la fase III del hospital El Salvador, la cual estaba prevista para finales de julio de 2020.
Los diputados acordaron enviar el informe parcial al Tribunal de Ética Gubernamental y a la Fiscalía para que investigue el posible cometimiento de los delitos de peculado por culpa por parte del ministro de Salud y también en contra de las directoras del ISRI y del Asilo Sara Zaldívar.
Enviarán el informe a la Organización Panamericana de la Salud, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a Human Rights Watch, al Congreso de los Estados Unidos y al Senado de ese país.
También copia a la Corte de Cuentas y a la Fiscalía para que indaguen el posible cometimiento de delitos por parte del Consejo Directivo y la actual directora del ISSS, en relación al préstamo de $25 millones.