Con 64 votos a favor y 5 en contra, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron un nuevo préstamo de $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que fue suscrito la semana pasada por el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Dicho préstamo sería para financiar el Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica implementadas en Beneficio de las Empresas y el Empleo afectados por el COVID-19, según los diputados de Nuevas Ideas, quienes agregaron que dichos fondos servirán para reembolsarle al Estado el dinero erogado durante los peores meses de la pandemia por Covid-19 en el marco de la creación del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa).
No obstante, dentro de la distribución de fondos ratificados ($600 millones) SOLO $74.7 millones han sido destinados para fines relacionados con la recuperación y dinamización de la economía, según el decreto aprobado.
Los $74.7 millones destinados al Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica implementadas en Beneficio de las Empresas y el Empleo afectados por el COVID-19 es el siguiente:
$24 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para proyectos de modernización institucional y seguridad alimentaria; $8.2 millones para el Ministerio de Economía (MINEC) para promover inversión y facilitar procesos dentro de la institución; $21 millones para la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para proyectos de mejora de la infraestructura y servicios para optimizar el suministro de agua a la población; $6 millones para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para la modernización de infraestructura aeroportuaria y portuaria a fin de mejorar la prestación de servicios; $15 millones para el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para ejecutar obras de mitigación de riesgos por cárcavas y; $500 mil para el Ministerio de Vivienda para brindar soluciones habitacionales en casos de emergencias.
Los otros $525.3 millones ratificados serán para financiar la brecha presupuestaria del ejercicio fiscal 2021 ($100 millones) y para "reforzar el Presupuesto General 2021" ($425.3 millones), que serán utilizados para "atender obligaciones del Estado", de acuerdo con el dictamen aprobado.
Apropósito de la versión de los legisladores, que sostienen que este financiamiento será para "devolverle la liquidez al Estado" luego de "las erogaciones hechas el año pasado" para financiar el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (Firempresa), durante el período de emergencia por el coronavirus, la economista Tatiana Marroquín ya había dicho a El Diario de Hoy que esta versión es "una mentira", debido a que dicho fideicomiso se financió con la colocación de deuda a corto plazo en concepto de Certificados del Tesoro (CETES).
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"El diputado Rodrigo Ayala miente al afirmar que Hacienda tuvo que recurrir a fondos propios para Firempresa, puesto que esta es la primera vez que dicho ministerio solicita fondos a la Asamblea para esos fines", dijo la economista tras la aprobación de la suscripción del contrato de préstamo la semana pasada, y agregó que los fondos de Firempresa incluso ya habían sido contemplados en una suscripción de préstamo que aprobó la anterior legislatura en mayo de 2020 y que autorizaba al Gobierno a buscar financiamiento por hasta mil millones de dólares.
Por ello, la economista agregó que los $100 millones dentro del préstamo que aprobó la Asamblea la semana pasada y que son para "cubrir parte del financiamiento complementario del Presupuesto General del Estado 2021", podrían ser utilizados para pagar una parte de la deuda a corto plazo adquirida por la colocación de dichos CETES, aunque luego de la asignación quedaría en $545 millones, un valor bastante alto.
$50 millones en deuda pendiente desde julio de 2020
Además de los $600 millones ratificados para la "recuperación económica", los diputados también ratificaron un préstamo que estaba pendiente desde julio de 2020, cuando los diputados de la anterior legislatura aprobaron la suscripción de un contrato de préstamo con el BCIE de hasta $50 millones, y que serían para reembolsar al Estado parte del dinero invertido en los $300 que entregó el Gobierno a aproximadamente 1.2 millones de familias en el marco de la emergencia por Covid-19.
Dicho financiamiento, denominado "financiamiento parcial de medidas económicas compensatorias implementadas por la emergencia del Covid-19", fue aprobado por los diputados anteriores el 9 de julio de 2020, sin embargo, ya no se logró la aprobación debido a una reforma que hicieron los mismos legisladores y que ordenaba que el 39% de esos fondos fueran destinados a las distintas alcaldías del país.
Debido a la falta de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, dicho financiamiento caducó el 8 de abril de este año, sin embargo, fue retomado por la actual legislatura y concedido por el BCIE.
El préstamo aprobado ayer, con 64 votos a favor y 3 en contra, fue sometido a una reforma del Art.1 donde se eliminan a las alcaldías como parte de los destinos antes de ser sometido a la votación ante el pleno, por lo que los diputados afirmaron que serás destinados para el Fondo General de la Nación.