Hasta este momento, el Gobierno tiene previsto financiar la ejecución del Bitcoin con $203.3 millones de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero de acuerdo al dictamen de creación del Fidebitcoin, el monto podría ser mayor, una acción cuestionada por la oposición de que será la población quien asuma los costos de un mecanismo que rechazan.
La Asamblea aprobó este lunes crear la Ley del Fideicomiso que será manejado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL). Este Fideicomiso se financiará con $150 millones de un préstamo del BCIE de $600 millones que era para recuperación económica de las empresas afectadas por la pandemia.
La votación tuvo 14 votos en contra de la oposición. Las diputadas del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta recalcaron que la medida es “inconsulta” y rechazada por la población, que es obligatoria cuando ha sido la misma gente que dice no entender cómo funcionará el nuevo sistema.
De hecho, hoy por la mañana personas de la tercera edad pensionadas exigieron a la Asamblea que se reforme la Ley de Pensiones para que se deje establecido firmemente que las pensiones deberán ser pagadas en dólares y no Bitcoin.
El diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, insistió que el Bitcoin es inconstitucional, en tanto que la Constitución otorga la potestad del manejo de las monedas al Banco Central de Reserva y no a un fideicomiso manejado por Bandesal, el artículo 3 de la ley Orgánica del BCR dice que le corresponde a este banco mantener el valor interno y externo de la moneda y su convertibilidad, no dice que le corresponde a Bandesal.
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Este lunes también la Asamblea buscará aprobar el fondo para el Fideicomiso, un dinero que Portillo Cuadra, cuestionó que mejor debió destinarse a hospitales y escuelas.
Se trata de los $150 millones del crédito con el BCIE que deberán reorientar para Bandesal; $30 millones para el bono de 30 dólares que ofreció el gobierno a los salvadoreños para motivarlos a que usen el Bitcoin, pero éstos no podrán ser retirados de los cajeros automáticos instalados recientemente en distintos puntos del país. Ese dinero es solo para consumo.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, estima que podrían alcanzar unos 2.5 millones de usuarios este año o el próximo, lo que implicaría destinar hasta $75 millones para la billetera digital y no $30 millones como lo han previsto.
El fondo ha sido reorientado de un préstamo de $600 millones que será pagado por todos los salvadoreños. De ese crédito también se destinarán $150 millones para el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) para que haga la convertibilidad del Bitcoin a dólar estadounidense.
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Otros $23.3 millones van para seguir instalando los cajeros automáticos clasificados dentro del proyecto como “Criptofriendly”; y otros $2 millones para la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones para la compra de equipos, que también son parte del proyecto de los cajeros automáticos.
Todo el dinero a invertir viene de deuda adquirida por el Ministerio de Hacienda con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para recuperación económica para micros, pequeñas y medianas empresas, y que ahora será redestinado para implementar el Bitcoin como moneda de curso legal por $205.3 millones; el resto del dinero del préstamo de $600 millones se reorientará a otras instituciones, de los cuales, $100 millones son para cubrir déficit presupuestario de 2021.
El argumento del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, es que del Fondo General del Estado se cubrieron las demandas de apoyos crediticios para las MIPYMES, por lo que el dinero queda a disponibilidad del gobierno de utilizarlo en otras áreas.
Además, los diputados buscarán aprobar hoy nuevas reorientaciones de fondos por $136 millones, de los cuales $50 millones son de ahorros en distintas instituciones justificó Zelaya; otros $86 millones vienen del excedente de recaudación tributaria.
Este dinero va destinado a fortalecer áreas como Seguridad, Defensa, a la Presidencia de la República, entre otros; de los supuestos ahorros que han tenido otras carteras de Estado, como Salud y Educación.
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