Las reformas a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, aprobada este martes por diputados del oficialismo, amenaza al ejercicio periodístico en el país pues abre la puerta a criminalizar la manera de obtener información y pone en riesgo el periodismo de investigación, según afirman abogados.
La Asamblea Legislativa aprobó dichas reformas en la plenaria pasada con 64 votos. De acuerdo al diputado Francisco Villatoro, quien promovió la iniciativa, la modificación busca fortalecer la obtención de la evidencia digital con el fin de judicializar los diferentes delitos.
Sin embargo, la abogada penalista Marcela Galeas dijo a El Diario de Hoy que “la reforma no tiene que ver absolutamente nada con vulnerar sistemas informáticos sino que penaliza la forma en que se obtiene la información”.
Advirtió que está en riesgo el periodismo de investigación ya que es “prácticamente una forma de querer amordazarlo”. De hecho, destacó un artículo de la normativa que le hace mucho daño al periodismo.
Se trata del artículo 25, el cual establece que “el que deliberadamente obtenga o transfiriera mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, información de carácter confidencial, definida así por disposición legal o reglamentaria o por acuerdo de voluntades entre personas naturales o jurídicas, sin el consentimiento de los titulares de esa información, será sancionado con prisión de cinco a ocho años”.
Galeas explicó que “le hace daño más que todo a las fuentes y a la manera en la que podrían dar a conocer información relacionada al manejo de recursos públicos que el gobierno básicamente le pone reservas hoy y le denomina ‘confidencial’, entonces ahí sí habría problema en cuanto a la obtención de esto y a la publicación como tal”.
En ese mismo sentido opinó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien subrayó el riesgo que se correría al obtener por alguna fuente que filtre la información y sea publicada por un periodista a quien le aplicarían una sanción penal porque obtuvo o se transfirió datos declarados confidenciales.
Riñe con la Constitución
Según Marcela Galeas, la reforma riñe con la Constitución y con tratados internacionales. “En el caso del ejercicio periodístico, no pueden limitar de esa forma la obtención de información cuando la misma Constitución garantiza el ejercicio de la libertad de expresión y de información”.
“Nos están restringiendo, ya hay que pedir permiso hasta para respirar. La Convención Interamericana de DD. HH. es clara y establece que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión deben gozarse de manera ilimitada”, concluyó.