Los diputados de la comisión especial que indagó los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero en la toma militar de la Asamblea concluyeron que el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, debe ser destituido del cargo y de cualquier otro o función en la seguridad pública del país, ad honorem o no, debido “a las graves violaciones a los derechos humanos” cometidas por el funcionario el pasado 9 de febrero.
Según el informe final que fue leído y acordado ayer en la comisión especial del 9F, Arriaza Chicas incumplió con los derechos humanos consagrados en los artículos 12 y 21.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y sus actuaciones “no corresponden con la naturaleza y profesionalismo de la corporación policial, la Constitución y los Acuerdos de Paz”.
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El diputado Rodolfo Parker, del PDC, señaló que la destitución del director de la Policía en este caso “es vinculante”.
Entre los acuerdos tomados ayer se contempla reiterar la destitución del ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy y colocar aviso a la Fiscalía en contra de otros funcionarios de la Fuerza Armada por el posible cometimiento de otros delitos.
El reporte de la Asamblea señala que las conclusiones son el resultado de los informes, videos y declaraciones de los funcionarios que fueron invitados a la comisión especial, entre ellos, figuran el propio director de la Policía, el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Carlos Alberto Tejada Murcia y del Jefe del Estado Mayor Presidencial, Manuel Antonio Acevedo López.
“Que las acciones realizadas antes y durante el 9 de febrero del año 2020, constituyeron una afrenta al sistema democrático y de división de poderes salvadoreño, consumándose aunque en una temporalidad limitada, un verdadero Golpe de Estado en contra de la Asamblea Legislativa, en la cual se perdió en su totalidad la custodia, control y resguardo del recinto legislativo, por parte de sus autoridades, y en las que el presidente de la República usurpó el curul que le corresponde al Presidente de dicho Órgano, efectuando actos propios de la apertura y conducción de una sesión plenaria”, dice una de las conclusiones del informe.
Agregan que existió una “participación protagónica” del director de la PNC, “para la irrupción armada a la Asamblea Legislativa, ya que fue desde su llegada, que las autoridades de este Órgano de Estado, perdieron el control y la seguridad institucional de dicho recinto, como quedó evidenciado en los videos, relatos e informes conocidos por esta comisión, también elementos de la corporación policial, participaron en la intimidación a diputados de la Asamblea Legislativa, antes y en la misma fecha de la irrupción, habiendo incluso llegado a tocar las puertas de las viviendas de dichos funcionarios, y apostando personal en las mismas”.
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Mientras que, en el caso del Ministro de la Defensa, se recomienda su destitución tal como lo determinó el pleno legislativo después de su interpelación el pasado 22 de agosto. “En este informe se reitera la necesidad y la pertinencia de la destitución de dicho funcionario, por no representar con sus acciones la naturaleza y profesionalismo del instituto castrense, previstos en la Constitución y los Acuerdos de Paz”, dice el informe.
El documento será enviado al cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, a la Organización de las Naciones Unidas, al Congreso y al Senado de los Estados Unidos y al Parlamento Europeo.