Interpelaciones, pandemia e invasión militar marcaron legislatura saliente

La administración de Mario Ponce del PCN fue la más convulsionada por el cambio de gobierno y la reconfiguración de las fuerzas políticas en la Asamblea.

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Expresidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, conversa con su excolega de ARENA, Alberto Romero. Foto EDH / Jorge Reyes

Por Eugenia Velásquez

2021-05-01 4:52:52

El año 2020 será recordado por muchos diputados, y especialmente para el ahora expresidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN. A quien le tocó administrar la crisis más fuerte que ha vivido la Asamblea en la historia reciente, después del cambio de gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, al de Nayib Bukele.

Ni un año tenía Bukele de estar gobernando cuando San Salvador se inundó de quejas de la población recibiendo agua contaminada, sucia, mal oliente.

Todo apuntó al expresidente de la ANDA, Frederick Benítez, quien fue interpelado en febrero del año pasado en la Asamblea junto a la exministra de Salud, Ana Orellana. Poco después ambos funcionarios fueron destituidos de sus cargos por el presidente Bukele.

En décadas la Asamblea no había utilizado la interpelación como un mecanismo legal para determinar la responsabilidad de un funcionario en un evento que afecta a la ciudadanía; pero en 2020 lo hizo tres veces. En agosto se sumó la interpelación en contra del Ministro de la Defensa, Francisco Merino Monroy, por la incursión militar del 9F.

A diferencia de Benítez y de Orellana; Merino Monroy continúa ejerciendo en el cargo, pese a que los diputados de la oposición concluyeron que tuvo responsabilidad en uno de los momentos más cruciales de la historia salvadoreña después de la firma de los Acuerdos de Paz. La Asamblea determinó que violó la Constitución.

Pero las interpelaciones y el 9F apenas eran el preámbulo de algo más sorprendente y difícil, no solo para El Salvador, para el mundo. En marzo de 2020, el gobierno ordena el cierre del Aeropuerto Internacional y de sus fronteras terrestres, ante una voraz pandemia ocasionada por un virus desconocido que luego llamaron COVID-19 que venía desde otro Continente acarreando consigo una estela de muerte.

Tomando como escudo la pandemia, la Asamblea se vio sometida por el Ejecutivo a aprobar de inmediato fondos que han alcanzado hasta este momento, según la oposición, más de $8,000 millones en préstamos, emisión de Letes, bonos y transferencias de recursos que no han sido transparentados, reclaman los opositores.

Se ejecutaron leyes transitorias como el decreto de excepción que dejó al país en una línea muy delgada entre el “autoritarismo” y la democracia.

De acuerdo a sendos informes de comisiones especiales que se crearon en la Asamblea para investigar el uso del dinero y el manejo de la pandemia, durante la crisis sanitaria se vulneraron derechos constitucionales, entre otras situaciones.