En la agenda de la sesión plenaria de este martes 21 de diciembre se encontraba la elección del fiscal general de la República, pese a que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no había emitido un dictamen favorable para ninguno de los aspirantes.
Sin embargo, más allá de una ronda de breves entrevistas, numerosos abogados del país lamentan que no se ha hecho un verdadero proceso que certifique que la persona a elegirse sea la mejor en cuanto a independencia, idoneidad, honestidad y conocimientos.
El Diario de Hoy conversó con dos abogados expertos en procesos legislativos, quienes coincidieron que el proceso ha sido deficiente, como es costumbre en la Asamblea Legislativa.
Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, “el proceso legislativo ha sido nuevamente deficiente, incurriendo en las mismas prácticas de las legislaturas anteriores”. Esto, pues los diputados no han logrado garantizar la independencia e imparcialidad de la persona que va a ocupar el cargo de fiscal general.
“Estamos ante esta situación de nuevo, no se estableció el perfil del fiscal que se necesita y por lo tanto la Asamblea está eligiendo a ciegas al Fiscal General de la República”, dijo.
La organización que dirige, junto a otras entidades de sociedad civil, presentaron una propuesta de baremo que buscaba establecer el perfil del fiscal ideal, así como una matriz de comparación de los candidatos con base en numerosos criterios que certifiquen sus aptitudes. Esta, sin embargo, fue desechada por los diputados, quienes se limitaron a hacer breves entrevistas.
“Las entrevistas en general no ofrecían elementos suficientes para poder determinar cuál era la persona idónea y explorar las fortalezas y debilidades de cada postulante. Ahí se tiene esa deficiencia y no se utilizó del parte de la Asamblea ningún criterio para evaluar y ponderar los perfiles de los postulantes”, lamentó Escobar.
En duda reelección de Delgado
El pasado martes 14 de diciembre, la Asamblea se preparaba para elegir al fiscal general y, de acuerdo con fuentes de partidos afines a Nuevas Ideas, el acuerdo era nombrar a Rodolfo Delgado, quien fue impuesto en ese cargo tras el golpe del 1 de enero.
Ese dictamen, sin embargo, fue retirado de manera silenciosa y la plenaria se cerró de forma prematura.
Una semana después, se volvió a incluir el dictamen, aunque la elección no se ha dado aún. Sin embargo, la reelección de Delgado ya no luce inminente. De hecho, fuentes de diferentes partidos han dicho a este medio que hay dudas de que haya una reelección. Además, otro nombre se rumoraba como posible candidato a este cargo, el del fiscal retirado Froilán Coto Cabrera.
Él salió del Ministerio Público tras la aprobación del Decreto 144 que enviaba al retiro a los jueces y fiscales mayores de 60 años, puesto que tiene justamente esa edad y trabajó en esa institución por 31 años, donde llegó a dirigir la Unidad de Escuchas Telefónicas.
La entrevista de la Comisión Política a Froilán Coto Cabrera duró únicamente 18 minutos y en esta no se abordó a profundidad temas sobre planes de trabajo o visiones sobre la distancia que debe haber entre el fiscal general y el poder político.
En contraste a este corto interrogatorio, Rodolfo Delgado estuvo poco más de una hora ante los legisladores. Esto muestra que no hay un proceso estandarizado de elección de fiscal general que garantice que a todos se les pueda dar una oportunidad similar de demostrar sus capacidades.
Según Escobar, hay preguntas clave a hacer a los aspirantes a fiscal. Entre ellas, sus planes para combatir las pandillas, qué política de persecución penal se desarrollará, qué ajustes necesita la Fiscalía, cuál es la relación que debería haber con el poder político o qué acciones busca implementar.
En vista de que esto no se ha consultado a todos los candidatos, según Escobar “cualquier elección que se haga siempre va a tener el mismo vicio pues puede ser una persona competente pero se ha dado dentro de un proceso con deficiencias, no importa quién elijan”.
Viejos defectos
José Marinero, presidente de la Fundación DTJ, coincide en que el proceso se ha seguido a ciegas, pero añade que ha sido de manera deliberada: “lo que realmente ocurre es que elegirán o ya eligieron al próximo fiscal a espaldas de la ciudadanía y solo quieren completar el ritual de las formas legislativas con la intención de brindar alguna apariencia de legitimidad a su decisión”, critica.
Esto le recuerda a los viejos procesos de elección de fiscal, donde no hay un perfil previo ni un baremo para medir y comparar a los candidatos. Además, lamenta que hay entrevistas superficiales y no se mide más allá de los requisitos formales mínimos.
Asimismo, resalta que “el oficialismo tiene todos los incentivos para preservar el status quo creado a partir del golpe del 1 de mayo”, cuando destituyó a un fiscal legítimamente electo para imponer a Rodolfo Delgado.
Según Marinero, aun si no se termina eligiendo al que parecía ser el candidato predilecto, la apuesta del oficialismo es clara: “garantías de autoprotección frente a los graves señalamientos de corrupción y abusos autoritarios de sus funcionarios. Cabe suponer que el candidato que terminen eligiendo les ofrece todo eso”.