Las reformas a la Ley contra la Usura que establecen sanciones de hasta 1,200 salarios mínimos a quienes incumplan la normativa fueron aprobadas durante la plenaria de este martes tras una intensa discusión que se generó entre diputados del FMLN y Nuevas Ideas, mientras los primeros calificaron como "un chiste" y "pinceladas" las enmiendas, mientras los segundos defendieron la iniciativa que promovieron.
Con 74 votos a favor, los legisladores avalaron las modificaciones, entre las cuales se establecen algunas prohibiciones como el cobro de interés sobre interés y la penalidad por pago anticipado de préstamo
Además, las enmiendas otorgan facultades a la Defensoría del Consumidor para que regule y verifique que las medidas acordadas se cumplan en el caso del sector del comercio no regulado y para el que sí está regulado, será la Superintendencia del Sistema Financiero quien vigilará que se cumplan las reformas. El Banco Central de Reserva (BCR), por su parte, deberá informar a dichas entidades sobre algunas irregularidades que llegará a detectar.
"Dentro de las reformas se planteó un elemento innovador: el usuario podrá obtener una indemnización por el cobro de intereses sobre intereses. Esta es una manera de resarcir los daños a quienes han sido abusados por usureros", dijo el diputado de Nuevas Ideas, Bladimir Barahona.
La normativa establece, también, multas desde los 300 hasta los 1,000 salarios mínimos vigentes para los acreedores supervisados y desde 100 hasta los 500 salarios mínimos para los no supervisados.
"Para efectos de esta ley, en los casos que se determine la afectación e intereses colectivos o difusos se establecerá una multa desde los 500 hasta los 1,200 salarios mínimos", se añade en el artículo 12-C relacionado a las sanciones administrativas.
"Aunque no cambia la mayor cosa, sí se endurecen las sanciones, las penalidades para ir eliminando está práctica que afecta todavía a una parte de la población", dijo en declaraciones previas a la aprobación el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol.
Discusión entre el FMLN y el oficialismo
Mientras, el oficialismo se atribuía un "acto de justicia financiera" más ante las reformas promovidas por su bancada y criticó que, según ellos, en el pasado se desatendieron este tipo de modificaciones a la ley, el FMLN arremetió contra la iniciativa alegando que esta "no beneficia en nada" a la población de escasos recursos económicos que aplica a este tipo de créditos.
"Las reformas son un chiste, no han cambiado el fondo del problema tal cual ha venido funcionando el sistema financiero. Creemos que las reformas son ineficientes, no vemos por un ningún lado la justicia financiera, lo único que dejan a la vista es engordar la agenda política electorera. No toca en esencia el problema que tiene que ver con el método que usan para determinar la tasa máxima", cuestionó Jaime Guevara, jefe de la bancada efemelenista.
La opinión fue secundada por la diputada del FMLN, Marleni Funes, quien criticó que las enmiendas "no tocan ni la fórmula en que se calculará la tasa legal, siempre será la misma que ya establece la Ley de Usura. Tampoco se cambia el porcentaje multiplicador, será del 1.6, ni se toca el techo establecido. No queramos creer que porque se hacen unas pinceladas se está resolviendo problemas reales del país, las señoras de los mercados siempre seguirán pagando las tasas iguales".
Varios diputados de la bancada cyan intervinieron para responder a sus colegas del partido de izquierda, entre ellos el legislador Walter Alemán.
"La oposición dice que estas reformas son un chiste, estos logros son pequeños para ellos, porque nunca hicieron nada", indicó Alemán.
Según los legisladores, la ley data de 2013 y no se adecúa a la realidad actual sobre todo cuando el país ha sido afectado por la pandemia del COVID-19.
A las reformas a Ley contra la Usura también se sumaron las enmiendas a los códigos Civil y de Comercio, para homologar las normativas.
"Sin tocar el fondo"
La economista Tatiana Marroquin, señaló que dichas reformas "no tocan el fondo de la Ley de Usura porque el corazón de dicha normativa es el establecimiento de tasas máximas y estas se establecen a través del multiplicador que actualmente es de 1.5".
"El fondo de eso (Ley de Usura) no se toca, lo cual me parece sorprendente porque incluso hay argumentos muy fuertes del Banco Central de Reserva (BCR) en favor de modificarla (tasas máximas) de 1.5 a 1.4", apuntó.
A la experta le queda la duda del por qué "no adaptaron esa modificación que si sería una reforma sustancial en el establecimiento de la tasa de interés máxima".
A su juicio, no está mal que hayan incorporado en tales reformas a la Defensoría del Consumidor y que la Superintendencia del Sistema Financiero continúe con las revisiones que hace a la Ley de Usura, "pues es algo que ya se venía haciendo desde hace décadas".
Reforma "Teóricamente cuestionable"
Sin embargo, advierte que la modificación en la que incorporaron a Fonavipo y al Fondo Social para la Vivienda si podrían afectar a la ciudadanía.
"En el único punto donde sí se tocan las tasas máximas es en el de vivienda, pero de una forma técnicamente incorrecta que puede causar a la población efectos negativos, en lugar de positivos", indicó.
Para Marroquin esa es una reforma "teóricamente cuestionable" debido a que "los promedios de las tasas de vivienda excluían a estas dos instituciones porque las tasas de interés que ellos tienen provienen de fondos que están subsidiados por el Estado o que tienen claras ventajas en cuanto a tasas de interés muy bajas".
Explicó que al incorporarlas en el cálculo de interés del resto de las instituciones, se está mezclando de forma técnicamente incorrecta los costos que tienen las instituciones privadas versus este tipo de instituciones públicas en particular.
"Muy probablemente al incorporar estas dos instituciones, las tasas de interés máxima se vendrían abajo pero eso lo que va a hacer es que muchas de las instituciones como cajas de crédito, sociedades de ahorro y crédito cooperativo o bancos cooperativos que tiene costos altos para poder prestar, simplemente no van a acordar préstamos", concluyó la economista.