La ley que valida los documentos públicos en la modalidad digital para los salvadoreños que residen en el exterior fue aprobada con 79 votos durante la plenaria de este martes en la Asamblea Legislativa
Se trata de la Ley de Aplicación de la Apostilla Electrónica, que consta de siete artículos y que, según lo establecido, permitirá a los connacionales obtener una autentificación o certificación de documentos personales extendidos por entidades públicas de El Salvador bajo la modalidad virtual.
"Crease el sistema de apostilla electrónica, el cual tendrá por objeto la legalización de documentos públicos generados, digitalizados o reproducidos en soporte electrónico. Lo anterior de conformidad en lo establecido en la Convención de la Haya sobre la eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos", reza el artículo 1 de la ley.
La iniciativa permitirá a los connacionales que residen fuera de El Salvador que puedan obtener certificaciones de partidas de nacimiento y de defunción, así como actas de matrimonio, divorcio, títulos, estados de cuentas bancarias, pasaportes, resoluciones judiciales y la copia del Documento Único de Identidad (DUI), explicaron algunos de los legisladores del oficialismo durante la plenaria.
"Apostillar documentos no tendrá ningún costo", dijo durante su intervención la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Agregó que este proceso lo podrán realizar salvadoreños que se encuentran en cualquier parte del mundo.
Esta propuesta fue presentada el 26 de noviembre del año pasado y durante las últimas sesiones de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores se recibió a funcionarios de los ministerios del ramo, Economía y de Hacienda para que brindaran sus opiniones al respecto.
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Previamente, los legisladores votaron por la iniciativa para declarar el municipio de Aguilares como capital por un día el próximo 23 de enero en el marco de la beatificación del padre Rutilio Grande y sus acompañantes Nelson Lemus y Manuel Solórzano. El decreto fue avalado con 80 votos.
Mientras, con apoyo del oficialismo y aliados que sumaron 63 votos, la Asamblea envió al archivo una iniciativa promovida por la oposición sobre la Ley General de Aguas y Saneamiento.